Las relaciones entre Argelia y Francia atraviesan uno de sus momentos más críticos desde la independencia argelina en 1962. En un paso de alto contenido político y simbólico, el Parlamento argelino aprobó por unanimidad una ley que califica la colonización francesa como un “crimen de Estado”, en medio de una escalada diplomática que se profundizó durante 2024.

La ruptura se aceleró tras el respaldo implícito de París a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, un tema especialmente sensible para Argel. Como respuesta, el Estado argelino exige ahora disculpas oficiales y reparaciones económicas por más de 130 años de ocupación colonial, durante los cuales —según el texto legal— se cometieron matanzas, torturas sistemáticas, discriminación racial, saqueo de recursos naturales y daños ambientales severos, incluidos los provocados por pruebas nucleares.

Aunque la nueva legislación tiene aplicación inmediata dentro del país, su alcance jurídico internacional es limitado. Sin embargo, las autoridades argelinas subrayan que se trata de un acto de soberanía nacional y de una advertencia clara: la memoria histórica no está sujeta a negociación. Así lo expresó Brahim Bughali, presidente de la Asamblea Nacional Popular, al señalar que Argelia no permitirá que su pasado colonial sea minimizado ni borrado.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo argelino es la exigencia de compensación por los ensayos nucleares realizados por Francia en el desierto del Sáhara entre 1960 y 1966. En ese periodo, incluso después de la independencia, fueron detonadas 17 bombas atómicas que dejaron secuelas radiactivas persistentes y afectaron a decenas de miles de civiles, en su mayoría comunidades nómadas.

En el plano interno, la ley contempla penas de hasta cinco años de prisión, además de sanciones civiles y económicas, para quienes justifiquen la colonización o nieguen su carácter criminal. La medida refuerza una narrativa oficial que busca consolidar una memoria histórica única frente a cualquier intento de relativización del pasado colonial.

Desde París, la reacción ha sido de cautela. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés evitó pronunciarse, calificando el tema como un asunto interno de otro país. Si bien el presidente Emmanuel Macron reconoció en 2017 que la colonización de Argelia constituyó un crimen contra la humanidad, su gobierno ha descartado ofrecer disculpas formales, limitándose a promover gestos simbólicos de reconciliación.

El informe presentado en 2021 por el historiador Benjamin Stora, a pedido del propio Macron, propuso mecanismos de diálogo histórico, como una comisión binacional de memoria y verdad y la conmemoración de episodios violentos de ambos lados del conflicto. No obstante, esas recomendaciones no se tradujeron en medidas de fondo ni en un reconocimiento oficial de responsabilidad estatal.

La herida colonial sigue abierta. La conquista francesa iniciada en 1830 estuvo marcada por campañas militares brutales, deportaciones masivas y la apropiación de las tierras más fértiles por colonos europeos. Entre 1954 y 1962, la guerra de independencia dejó un saldo de cientos de miles de muertos argelinos, según distintas estimaciones históricas.

La crisis bilateral también se ha reflejado en casos recientes de ciudadanos franceses detenidos en Argelia. El escritor franco-argelino Boualem Sansal fue condenado en 2024 a cinco años de prisión por declaraciones consideradas una amenaza a la integridad del Estado, aunque posteriormente fue indultado tras mediación internacional. De forma similar, el periodista francés Christophe Gleizes enfrenta una condena de siete años por cargos de apología del terrorismo, en un proceso que su familia y organizaciones internacionales cuestionan.

Con esta nueva ley, Argelia no solo endurece su postura frente a Francia, sino que reafirma su intención de colocar la memoria colonial en el centro del debate político y diplomático, aun a costa de profundizar el distanciamiento con su antigua potencia colonizadora.