Estados Unidos endureció nuevamente su política de agresión contra Venezuela. Este miércoles, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra cuatro empresas chinas y varios buques petroleros, acusándolos de “operar” en el sector energético venezolano, una medida que se suma a las recientes incautaciones de cargamentos de crudo en el Caribe.
Las compañías sancionadas —Aries Global, Corniola, Krape Myrtle y Winky International— fueron incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con los buques Della y Valiant (Hong Kong), Nord Star (Panamá) y Rosalind (Guinea), vinculados a dichas firmas.
Sin presentar pruebas públicas, Washington afirmó que estas embarcaciones formarían parte de una supuesta “flota paralela” que presta servicios al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y que permitiría a Caracas obtener ingresos por la exportación de petróleo. El discurso se repite: criminalizar el comercio energético venezolano y advertir a terceros países sobre los “riesgos” de relacionarse con Venezuela.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró la línea dura de la Casa Blanca y sostuvo que el presidente Donald Trump no permitirá que el Gobierno venezolano “se beneficie” de la venta de petróleo. Con ello, Estados Unidos reafirma la continuidad de la política de máxima presión, pese a sus efectos humanitarios y al cuestionamiento internacional.
Las sanciones llegan en medio de un escenario de creciente tensión. Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en las aguas del Caribe, inicialmente justificado bajo el argumento del combate al narcotráfico. Sin embargo, como había advertido el Gobierno venezolano, el relato oficial ha derivado hacia un objetivo más claro: el control de los recursos energéticos del país sudamericano.
En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques cargados con petróleo venezolano, hechos que Caracas ha calificado como actos de piratería y robo. Estas acciones, además, han tenido consecuencias letales: más de 100 personas han muerto tras bombardeos contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, sin que Washington haya probado su vinculación con actividades ilícitas.
La escalada llevó a Venezuela a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 23 de diciembre. En ese espacio, el embajador Samuel Moncada denunció una violación sistemática del derecho internacional y advirtió sobre un proceso de recolonización impulsado desde Washington.
El respaldo internacional no se hizo esperar. Rusia, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba expresaron su apoyo a Caracas. Desde Moscú, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, alertó que la ofensiva estadounidense contra Venezuela podría convertirse en un precedente peligroso para futuras intervenciones en América Latina.
