A días de cerrar 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un paquete de decisiones económicas y sociales que busca marcar el cierre de su mandato y reforzar su proyecto político rumbo a las elecciones de 2026. El anuncio incluye un aumento histórico al salario mínimo, la puesta en marcha de la reforma laboral y una ley de financiamiento impulsada directamente por decreto ante el bloqueo del Congreso.
El aumento del salario mínimo fue decretado con un alza cercana al 24 por ciento, la más alta en décadas. Con esta medida, el ingreso mínimo mensual alcanza los dos millones de pesos colombianos, incluyendo el auxilio de transporte. El Gobierno sostiene que el ajuste busca garantizar un salario suficiente para cubrir necesidades básicas y reducir la desigualdad, beneficiando a millones de trabajadores formales.
En paralelo, comenzó la implementación de la reforma laboral aprobada a mediados de año. Entre los cambios más relevantes están la ampliación del pago de recargos nocturnos, el incremento progresivo de la remuneración por trabajo en días festivos y el reconocimiento laboral para internos de Medicina, quienes ahora contarán con salario y seguridad social.
Para sostener estas medidas, el Ejecutivo declaró una emergencia económica que le permite expedir una ley de financiamiento sin pasar por el Congreso. La decisión se tomó tras el fracaso de una nueva reforma tributaria y ante un déficit presupuestal estimado en más de 16 billones de pesos para 2026, lo que llevó al Gobierno a optar por una vía excepcional.
La estrategia contempla nuevos gravámenes a los sectores de mayores ingresos, así como impuestos a productos como alcohol y tabaco, además de cargas adicionales a industrias financieras y energéticas. Estas decisiones han generado tensiones políticas y abren la puerta a posibles controversias jurídicas sobre el uso de facultades extraordinarias.
Mientras sindicatos y sectores sociales celebran el paquete como un avance en justicia laboral y redistribución de la riqueza, gremios empresariales y opositores advierten sobre riesgos para la inflación, el empleo formal y la estabilidad económica. Con estas decisiones, Petro apuesta a dejar un sello profundo en su administración, aun a costa de una mayor confrontación política.
