Los esfuerzos del gobierno iraní por contener una nueva ola de protestas antigubernamentales se han visto seriamente complicados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que Washington podría intervenir en defensa de los manifestantes, de acuerdo con funcionarios y fuentes internas citadas por Reuters.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 28 de diciembre y, hasta el momento, han dejado al menos 17 personas muertas, según reportes preliminares. Las protestas se han extendido a varias ciudades, incluida Teherán, donde miles de personas han salido a las calles para expresar su descontento con la situación política y económica del país.

La tensión escaló luego de que Trump lanzara una advertencia pública a los líderes iraníes, señalando que si reprimían violentamente a los manifestantes, Estados Unidos “vendría a rescatarlos”. La amenaza cobró mayor peso tras el reciente secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas especiales estadunidenses, quienes los trasladaron a Nueva York, un hecho que fue interpretado en Teherán como una demostración directa de la disposición de Washington a actuar.

Las autoridades iraníes enfrentan un escenario especialmente delicado. A la presión social interna se suma una profunda crisis económica, agravada tras los ataques lanzados por Israel en junio pasado durante una guerra de 12 días que dañó varios sitios nucleares de la República Islámica. Este contexto ha reducido significativamente la capacidad del gobierno para responder con mano dura sin provocar mayores consecuencias internacionales.

“Estas presiones redujeron el margen de maniobra de Teherán, dejando a los líderes atrapados entre la ira pública en las calles y el endurecimiento de las demandas y amenazas de Washington, con pocas opciones viables y altos riesgos en cada camino”, afirmó un funcionario iraní citado por Reuters.

Analistas señalan que la combinación de protestas internas, deterioro económico y advertencias externas coloca al gobierno iraní ante una disyuntiva compleja: intensificar la represión con el riesgo de una escalada internacional, o ceder parcialmente a las demandas sociales en un contexto de debilidad política. Mientras tanto, las protestas continúan y la incertidumbre domina el panorama regional.