El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no tiene interés alguno en la propiedad ni en la posesión del inmueble donde operaba el Refugio Franciscano, y precisó que cualquier definición sobre el predio deberá resolverse exclusivamente por la vía civil entre particulares.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que el inmueble no se encuentra asegurado por las autoridades capitalinas y que la actuación del gobierno se limitó estrictamente a salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales que se encontraban en el lugar.

Las autoridades detallaron que, previo al operativo realizado el 7 de enero de 2026, personal de servicios periciales en medicina veterinaria forense realizó inspecciones que acreditaron afectaciones graves al bienestar animal, como hacinamiento severo, insalubridad, omisiones reiteradas en atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar.

Antes de la intervención, se contabilizaron 936 animales en el refugio. De ellos, 21 fallecieron (19 perros y 2 gatos) entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, es decir, antes del operativo, como consecuencia del deterioro severo de su estado de salud. Además, 57 animales fueron hospitalizados, incluidos 20 caninos y 37 felinos.

Como resultado del operativo, 858 perros fueron resguardados y trasladados a espacios temporales habilitados bajo supervisión de autoridades capitalinas: 304 caninos al Refugio del Ajusco, 371 al Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco y 183 a un refugio temporal en la Utopía GAM.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó uno de los espacios de resguardo para supervisar las condiciones de los animales y reiteró que la prioridad de su administración es la protección de la vida y el bienestar animal, sin involucrarse en disputas patrimoniales ajenas al interés público.