Autoridades locales insistieron en mantener las manifestaciones de forma pacífica, pero no evitaron responsabilizar directamente a la Casa Blanca por la tensión creciente. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, advirtió que la estrategia federal busca provocar enfrentamientos y desviar la atención del hecho central: la muerte de una civil a manos de un agente migratorio.
“Esto es exactamente lo que Donald Trump quiere: caos y confrontación”, señaló, al tiempo que pidió no caer en provocaciones.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue aún más contundente al acusar al presidente de enviar miles de agentes armados sin considerar las consecuencias. “Les tomó un día matar a alguien”, escribió en redes sociales, y denunció que Trump utiliza el desorden social como cortina de humo para justificar una política migratoria cada vez más agresiva. Pese a los llamados a la calma, la indignación se mantiene viva en comunidades que aseguran vivir bajo asedio permanente.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional defendió el operativo —el más grande en la historia del ICE, con más de 2 mil agentes desplegados— y sostuvo que los tiroteos fueron actos de “legítima defensa”. Sin embargo, testimonios ciudadanos y registros periodísticos describen detenciones arbitrarias, vehículos abandonados tras arrestos y un clima de intimidación constante en distintos puntos de la ciudad.
La crisis escaló también al ámbito político luego de que agentes del ICE impidieran el acceso a legisladoras federales que intentaron supervisar las instalaciones migratorias en Minneapolis, pese a un fallo judicial que garantiza ese derecho. Para organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, el mensaje es claro: bajo el gobierno de Trump, la política migratoria no solo criminaliza a los migrantes, sino que erosiona libertades básicas, alimenta la violencia institucional y profundiza la fractura social en Estados Unidos.
