El gobierno de Estados Unidos analiza retirar parte de las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar la venta de petróleo, una medida que no responde a un giro humanitario, sino a cálculos económicos y geopolíticos propios, en un contexto marcado por la reciente agresión militar contra el país sudamericano y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que las sanciones adicionales podrían levantarse tan pronto como la próxima semana, con el objetivo explícito de permitir la comercialización del crudo venezolano y la repatriación de los ingresos generados por esas ventas. “Estamos levantando las sanciones sobre el petróleo que se va a vender”, afirmó, dejando claro que el foco está en el flujo energético y financiero, no en el bienestar directo del pueblo venezolano.

Bessent también adelantó que sostendrá reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) para reactivar la relación de estos organismos con Venezuela y evaluar el uso de cerca de 5 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) actualmente congelados. Dichos recursos, aseguró, podrían destinarse a la “reconstrucción” del país, aunque bajo esquemas definidos desde Washington.

Estas declaraciones se producen apenas una semana después del bombardeo estadounidense en territorio venezolano y del secuestro de Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York bajo cargos de narcotráfico, hechos que han sido ampliamente denunciados como una violación grave al derecho internacional y a la soberanía de Venezuela.

Durante años, las sanciones de EE. UU. han bloqueado el acceso del Estado venezolano al sistema financiero internacional, impidiendo la reestructuración de una deuda cercana a los 150 mil millones de dólares y profundizando el impacto económico sobre la población. Ahora, el levantamiento selectivo de estas medidas aparece vinculado al interés de reactivar la presencia de petroleras estadounidenses y garantizar suministros energéticos favorables para Washington.

Aunque Bessent afirmó que el objetivo es que los recursos “lleguen al pueblo venezolano”, el historial de sanciones, bloqueos y agresiones evidencia que Estados Unidos utiliza el castigo y su eventual alivio como herramientas de presión política, no como actos de solidaridad. La reapertura financiera que hoy se plantea ocurre bajo condiciones impuestas y en beneficio directo del capital y la estrategia estadounidense, no como un reconocimiento del derecho de Venezuela a decidir su propio rumbo económico y político.

En este escenario, el llamado “nuevo compromiso” de EE. UU. confirma que las sanciones nunca respondieron a principios democráticos, sino a intereses imperiales que ahora buscan reacomodarse tras la escalada militar y el desgaste de su política de asfixia.