El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, presumió la revocación de más de 100 mil visas como parte de su política de endurecimiento migratorio, una medida que profundiza la criminalización de migrantes, estudiantes y trabajadores extranjeros bajo el discurso de la “seguridad nacional”.
🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.
We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV
— Department of State (@StateDept) January 12, 2026
De acuerdo con el propio Departamento de Estado, entre las visas canceladas se encuentran al menos 8 mil visas estudiantiles y 2 mil 500 visas especializadas, muchas de ellas revocadas por simples “encuentros” con autoridades policiales, sin que necesariamente exista una condena judicial. La narrativa oficial reduce a miles de personas a la categoría de “criminales” o “matones”, invisibilizando el debido proceso y los derechos humanos.
Esta política tiene graves implicaciones sociales y económicas: jóvenes que estudiaban en universidades estadounidenses, trabajadores altamente calificados y familias enteras quedan en la incertidumbre, enfrentando deportaciones arbitrarias y la ruptura de proyectos de vida. Lejos de fortalecer la seguridad, la estrategia de Trump siembra miedo, precariedad y discriminación, especialmente contra comunidades migrantes.
Organizaciones civiles y expertos han advertido que esta ofensiva migratoria representa un retroceso democrático, al normalizar castigos colectivos, estigmatización y decisiones administrativas sin garantías legales. Mientras Washington presume cifras récord de deportaciones, queda al descubierto un modelo que gobierna desde el miedo y utiliza a los migrantes como chivo expiatorio de sus propias crisis internas.
