La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró hoy que el nuevo registro obligatorio de teléfonos celulares no está diseñado para vigilar a las personas ni para que el gobierno tenga acceso indiscriminado a datos privados, sino para fortalecer la seguridad y facilitar las investigaciones en casos de delitos como extorsión y fraude telefónico. La mandataria enfatizó que la vinculación de los números celulares con la identidad de sus usuarios es responsabilidad de las empresas de telefonía móvil, no del Estado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el registro de los teléfonos se realiza directamente con las compañías telefónicas y que estas guardan la información bajo su custodia, teniendo la obligación de protegerla conforme a las leyes de privacidad. Señaló que las autoridades sólo pueden solicitar acceso a esos datos cuando un número esté vinculado a un delito formalmente investigado, y que en ningún momento se trata de “saber dónde está la gente” ni de vigilancia masiva de la población.

La presidenta también reiteró que el objetivo principal de esta medida es combatir delitos como la extorsión y el fraude, que en gran medida se cometen mediante el uso de líneas telefónicas no identificadas o anónimas. Sheinbaum insistió en que la medida forma parte de una estrategia de seguridad más amplia y no constituye un sistema de seguimiento de usuarios.

El registro obligatorio de celulares entró en vigor el 9 de enero y se mantendrá hasta el 30 de junio de 2026, período durante el cual todos los usuarios deberán vincular su número a una identificación oficial y su CURP o arriesgarse a que su línea sea suspendida por las compañías. Esta medida aplica tanto para líneas de prepago como de plan contratado.

Aunque organizaciones civiles y especialistas han advertido sobre posibles riesgos en materia de privacidad y protección de datos, el gobierno mexicano ha insistido en que no existe una base de datos centralizada bajo control estatal y que la información sólo se utiliza en el marco de investigaciones cuando así lo solicitan las autoridades competentes.