La oposición política, encabezada por figuras como Claudio X. González y con participación de políticos y exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Guadalupe Acosta Naranjo —integrantes de la disuelta “Marea Rosa”— ha presentado una serie de propuestas en el contexto de la reforma electoral promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estas iniciativas buscan defender las diputaciones plurinominales y garantizar mayores recursos públicos a los partidos políticos, en contraste con las propuestas de austeridad y reducción de legisladores planteadas por el oficialismo.
Los planteamientos de este bloque opositor pretenden, además, frenar la mayoría calificada alcanzada por la 4T, asegurar financiamiento público incluso a partidos que obtengan menos del 3 % de la votación requerida por la ley para mantener su registro e incrementar su presencia en medios de comunicación, mientras se omiten deliberadamente exigencias ciudadanas históricas como la eliminación de las diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos.
Una de las agrupaciones impulsoras, Somos MX, que está cerca de obtener su registro para competir en las elecciones de 2027, propone mantener un equilibrio de 50 % de diputaciones por mayoría relativa y 50 % por representación proporcional, además de flexibilizar los requisitos para el acceso al registro de nuevos partidos. Bajo esta propuesta, partidos que no lleguen al umbral mínimo de votos aún podrían recibir recursos públicos para actividades básicas, lo que, según sus críticos, diluiría el peso del respaldo ciudadano.
Paralelamente, la iniciativa de Claudio X. González propone limitar el número de diputados a 300 para cualquier coalición política, para impedir que el gobierno en turno pueda alcanzar mayorías calificadas como las obtenidas en procesos recientes. El proyecto también contempla que el 50 % del financiamiento público se reparta igualitariamente entre todos los partidos, independientemente del porcentaje de votos que hayan obtenido, reforzando la dependencia de la oposición del presupuesto público.
Además, la propuesta plantea igualar el tiempo y espacios en radio y televisión para todos los partidos, incluidos aquellos sin representación legislativa. En materia de financiamiento, también sugiere que los candidatos independientes reciban al menos el 20 % del financiamiento público equivalente al tope de gastos de campaña, lo que amplía aún más los recursos disponibles para actores políticos con escaso respaldo electoral.
El debate, que se da en plena discusión de la reforma electoral, confronta dos visiones opuestas: una que busca austeridad y mayor conexión con la ciudadanía al limitar privilegios políticos, y otra que apuesta por preservar estructuras tradicionales de representación y financiamiento partidario.
