El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, iniciativa enviada por la Gobernadora Delfina Gómez, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más afectan a la población.

La nueva legislación armoniza el marco jurídico estatal con la Ley General en la materia, aprobada a nivel federal en octubre de 2025, y establece una regulación integral enfocada en la prevención del delito, la atención a las víctimas, la coordinación interinstitucional y el fomento de la denuncia ciudadana.

Desde tribuna, el Diputado local Samuel Hernández Cruz, representante del Distrito 33, subrayó la relevancia de esta reforma y afirmó que su aprobación coloca al Estado de México como referente nacional en el combate a la extorsión.

“Hoy el Estado de México demuestra que sí es posible legislar con visión, modernidad y en defensa de las y los ciudadanos. Esta ley sienta las bases para que otras entidades sigan el mismo camino”, expresó el Legislador.

La norma delimita las competencias del ámbito estatal en materia de prevención y coordinación institucional, mientras que la tipificación penal permanece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión. De acuerdo con la legislación federal vigente, el delito de extorsión se castiga con penas de 6 a 15 años de prisión, que pueden incrementarse hasta 25 años en casos agravados, como aquellos en los que participan integrantes del crimen organizado, servidores públicos o elementos de las Fuerzas Armadas.

Aunque durante 2024 y 2025 se ha registrado una disminución en la incidencia de extorsiones en la entidad, las autoridades reconocen que el problema sigue siendo grave y requiere atención prioritaria. El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a una persona, sin derecho, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un lucro o causar un daño patrimonial.

Con esta aprobación, el Gobierno del Estado de México y el Congreso local consolidan un esfuerzo conjunto para avanzar hacia un Edomex más seguro, con leyes actualizadas y mecanismos más eficaces para proteger a la ciudadanía.