El priista Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, admitió que Samuel “N”, excolaborador del alcalde asesinado Carlos Manzo y hoy vinculado a proceso por haberlo entregado al crimen organizado, fue su asistente en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, aunque aseguró que nunca lo recomendó para ocupar un cargo en el Ayuntamiento de Uruapan.
Luego de que se confirmara la vinculación a proceso de Samuel “N” por su presunta participación en el homicidio del presidente municipal, Guajardo difundió un posicionamiento en el que reconoció que el imputado formó parte de su equipo de trabajo legislativo, pero subrayó que la relación laboral concluyó el 31 de agosto de 2024, al término de su periodo como diputado federal del PRI.
“El ingreso de Samuel ‘N’ a sus nuevas responsabilidades no contó con recomendación alguna de mi parte, ni verbal ni escrita”, afirmó el exfuncionario peñista, quien buscó deslindarse del exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan.
En días recientes ha circulado información sobre la detención de una persona que fue integrante de mi equipo de trabajo y que ha sido vinculado a proceso por el artero crimen del Alcalde de Uruapan.
Informo que Samuel “N” colaboró en la LXV Legislatura, donde tuve el privilegio…
— Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) January 15, 2026
Samuel “N” fue vinculado a proceso luego de que un juez considerara que filtró la agenda y ubicación de Carlos Manzo a integrantes del crimen organizado, presuntamente a cambio de droga, información que permitió la ejecución del alcalde durante un evento público. El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones dolosas, y permanece en prisión preventiva en el penal de El Altiplano.
Guajardo fue secretario de Economía entre 2012 y 2018 y jefe negociador del T-MEC durante el gobierno de Peña Nieto. Posteriormente, fue diputado federal del PRI entre 2021 y 2024, periodo en el que coincidió en San Lázaro con Carlos Manzo, entonces legislador por Michoacán.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos sobre filtraciones desde el propio gobierno municipal y sobre las redes políticas que rodearon a uno de los crímenes más graves contra autoridades locales en Michoacán.
