El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, una medida orientada a optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la eficiencia administrativa en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El acuerdo, avalado el 11 de diciembre de 2025, establece una reducción del 10 por ciento en el costo total anual de las estructuras orgánicas, con el objetivo de racionalizar el gasto, evitar duplicidades y garantizar que los recursos se concentren en las funciones sustantivas del sistema de justicia.

Entre las medidas previstas también se contempla la disminución del gasto operativo, como la reducción del 50 por ciento en recursos destinados a comedores, viáticos y comisiones, en comparación con el ejercicio fiscal de 2025, como parte de una política de austeridad responsable y disciplina financiera.

El ordenamiento señala que la contratación de servicios profesionales por honorarios se limitará a necesidades extraordinarias, temporales y especializadas, con convenios de tres meses y un máximo de seis meses por ejercicio fiscal, privilegiando así una administración más ordenada y transparente del personal.

En materia de plazas, el acuerdo instruye a reducir plantillas en términos de costo, así como a minimizar la creación de nuevas plazas durante 2026, priorizando la optimización y redistribución de vacantes mediante esquemas de traspaso y movimientos compensados, siempre con autorización del pleno del OAJ.

El documento, firmado por el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, y el secretario ejecutivo del pleno, César Mauricio López Ramírez, dispone que a más tardar el último día hábil de febrero se publiquen los lineamientos y metas de ahorro, con el fin de brindar certeza y claridad a las entidades del Poder Judicial.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, consolidando un marco de austeridad institucional enfocado en la eficiencia, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, sin afectar la función jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación.