La reciente designación de Alejandro Anduray como ministro de Pueblos Indígenas y Afrohondureños por parte del presidente electo Nasry Asfura ha generado una fuerte controversia política y social en Honduras, un país ya envuelto en tensiones por las elecciones marcadas por denuncias de fraude y cuestionamientos a la legitimidad del proceso.

La controversia no se centra únicamente en el contexto electoral —donde el candidato respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump obtuvo una victoria ajustada frente a la oposición en unos comicios cargados de acusaciones de irregularidades y retrasos en el conteo de votos—, sino también en el perfil del recién nombrado funcionario.

Usuarios en redes sociales y sectores de la ciudadanía han señalado que Anduray fue ampliamente criticado en 2021 por aparecer en fotografías con un uniforme nazi de las Waffen-SS durante una celebración de Halloween, lo que provocó indignación en la opinión pública y denuncias desde la comunidad judía debido a la simbología asociada a crímenes de lesa humanidad.

Aquella imagen, en la que Anduray —hijo del dirigente del Partido Nacional Fernando Anduray— lucía con símbolos vinculados al régimen nazi, fue ampliamente viralizada y generó fuertes reacciones de rechazo, desde acusaciones de racismo hasta llamados a sancionar su acción incluso a nivel internacional.

La polémica actual radica en que, pese a ese antecedente que muchos consideran inaceptable para un funcionario público, Asfura decidió nombrarlo en un cargo con responsabilidad sobre políticas dirigidas a pueblos indígenas y afrodescendientes, colectivos históricamente vulnerables en Honduras.

Organizaciones civiles y usuarios en redes han expresado su preocupación de que este nombramiento no solo minimice la gravedad de la comparsa con simbología vinculada al extremismo, sino que también envíe una señal negativa respecto al compromiso del gobierno con la defensa de derechos humanos y la inclusión de grupos marginados.

Hasta el momento, ni Anduray ni la administración electa han ofrecido declaraciones públicas que respondan directamente a estas críticas sobre su pasado. La decisión continúa ampliando el debate sobre los criterios éticos y políticos detrás de los nombramientos en el nuevo gobierno hondureño tras unas elecciones que ya estaban bajo tensión por acusaciones de fraude y posible injerencia externa.