La llegada de Laura Fernández Delgado a la presidencia de Costa Rica marca la consolidación de un proyecto político de corte conservador, alineado con la derecha regional y sustentado en un discurso de mano dura, libre mercado y debilitamiento de contrapesos institucionales, bajo la bandera de la “continuidad” del gobierno saliente de Rodrigo Chaves.

Con más del 48% de los votos y mayoría legislativa, Fernández —candidata del partido Pueblo Soberano— accede al poder sin segunda vuelta, impulsada por la alta popularidad del presidente saliente y una narrativa que privilegia el autoritarismo punitivo frente a las causas estructurales de la inseguridad. En su primer discurso como presidenta electa, adoptó un tono confrontativo contra la oposición, a la que acusó de “obstruccionista y saboteadora”, rompiendo con la tradición democrática y conciliadora del país centroamericano.

La nueva mandataria ha prometido endurecer la política de seguridad, incluso planteando la suspensión de garantías individuales y la declaración de estados de excepción, medidas ampliamente cuestionadas por organizaciones civiles y sectores progresistas por su potencial violación a derechos humanos. Su propuesta incluye la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, símbolo regional del autoritarismo penal promovido por la derecha latinoamericana.

En materia económica, Fernández defiende el libre mercado y presume indicadores macroeconómicos positivos heredados de Chaves; sin embargo, la oposición denuncia que estos resultados se han logrado a costa de recortes en inversión social, educación y programas de combate a la pobreza.

Analistas advierten que su gobierno podría profundizar la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, debilitando la división de poderes y las reglas constitucionales que históricamente han distinguido a Costa Rica en la región.

Aunque se convertirá en la segunda mujer presidenta del país, su proyecto político representa una ruptura con las agendas progresistas y un alineamiento claro con la nueva derecha latinoamericana: fuerte con los derechos, dura con los pobres y complaciente con el capital. El reto para Costa Rica será defender su tradición democrática frente a un modelo que prioriza el control y la confrontación sobre la justicia social y la inclusión.