La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), empresa controlada por el conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá. El fallo marca un punto de inflexión en la disputa por el control de una de las infraestructuras más estratégicas del comercio mundial.
La concesión, vigente desde 1997, fue cuestionada tras auditorías y revisiones que detectaron presuntas irregularidades contractuales y condiciones consideradas lesivas para el interés público panameño. La Corte concluyó que los actos legales que sustentaron el contrato violaban la Constitución, lo que abre la puerta a su terminación definitiva.
Más allá del plano jurídico, la resolución se inscribe en un contexto de creciente tensión geopolítica. La expansión de la influencia china en América Latina ha sido observada con preocupación por Estados Unidos, que considera al Canal de Panamá un punto neurálgico para la seguridad y el comercio global. En 2025, el entonces expresidente Donald Trump acusó a China de ejercer un control excesivo sobre la vía interoceánica y defendió su retorno a una esfera de influencia más cercana a Washington.
La reacción de Beijing no se hizo esperar. Autoridades chinas y de Hong Kong cuestionaron el fallo y anunciaron medidas para proteger los intereses de sus empresas. PPC, por su parte, informó que iniciará un arbitraje internacional, al considerar que la sentencia carece de base legal.
Ante estas críticas, el presidente panameño José Raúl Mulino defendió la decisión judicial y subrayó la independencia del sistema de justicia de su país.
“Panamá es un Estado de Derecho y no se va a dejar amenazar por ningún país”, afirmó, marcando distancia entre el modelo democrático panameño y el sistema político chino.
El gobierno panameño informó que, una vez concluido el proceso legal, una subsidiaria de la empresa danesa A.P. Moller-Maersk operará temporalmente los puertos mientras se licita una nueva concesión, que ya no será conjunta para ambas terminales.
El fallo reafirma el debate sobre soberanía, autonomía regional y el papel de las potencias globales en la infraestructura estratégica de América Latina, en un escenario donde las decisiones locales tienen impacto mundial.
