Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran los mayores registros de embarazos infantiles, uniones forzadas y violencia sexual contra niñas y adolescentes en México, de acuerdo con información presentada por la Secretaría de las Mujeres. La Titular de la dependencia, Citlalli Hernández, advirtió que estas problemáticas mantienen focos rojos en el sureste del país y requieren intervenciones directas en territorio.

Citlalli Hernández explicó que, a partir de un análisis nacional, se identificaron 57 municipios donde se repiten con mayor frecuencia estos casos. Señaló que no se trata únicamente de zonas rurales, sino también de regiones con alta marginación y rezago social, donde las menores enfrentan contextos de vulnerabilidad, falta de acceso a servicios y entornos de violencia.

La Funcionaria adelantó que el gobierno federal prepara una estrategia específica para atender el embarazo adolescente, la violencia sexual contra niñas y las uniones forzadas. El plan contempla acciones coordinadas entre dependencias federales, autoridades estatales y municipales, así como trabajo comunitario para prevenir y detectar riesgos de manera temprana.

Entre las medidas previstas se incluyen brigadas territoriales, acompañamiento institucional, refuerzo de servicios de salud y colaboración con escuelas y fiscalías. También se prevé la participación de centros comunitarios de atención para mujeres, con el fin de ofrecer orientación, protección y seguimiento a posibles víctimas.

Citlalli Hernández indicó que la aplicación de recursos y el despliegue de equipos en campo comenzarán en los próximos meses, con prioridad en los municipios ya identificados. Subrayó que el objetivo es romper ciclos de violencia y evitar que prácticas como las uniones tempranas sigan normalizándose en algunas comunidades.

Durante la presentación de este diagnóstico también se mencionó la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y judicialización en casos donde niñas resultan embarazadas por abuso sexual. Autoridades federales reconocieron que aún falta sistematizar datos sobre cuántos avisos a fiscalías derivan en investigaciones y sanciones, por lo que se buscará mejorar el registro y la transparencia de resultados.