Lozoya acepta extradición a México a fin de colaborar con las autoridades; se le acusa de fraude a gran escala y corrupción.

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Lozoya acepta extradición a México a fin de colaborar con las autoridades; se le acusa de fraude a gran escala y corrupción.

Por El Soberano | lunes, 06 de julio del 2020.

La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera estatal mexicana Pemex y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en aquel país, para que sea juzgado en dos causas distintas por los delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. En el auto, fechado el pasado 2 de julio y dado a conocer este lunes, los magistrados consideran que la petición que hicieron las autoridades judiciales del país norteamericano cumple todos los requisitos para proceder a su entrega y destacan que el propio Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptaba ser extraditado de manera inmediata a su país. Esto último se produjo después de que las autoridades mexicanas le ofrecieran cooperar con la justicia para dar información sobre la presunta implicación de sus superiores jerárquicos en la trama de corrupción. La extradición se ejecutará una vez que el auto sea firme, previsiblemente el próximo viernes ya que no se esperan recursos ni por la defensa ni por la Fiscalía española, según fuentes conocedoras del proceso.

El exdirectivo de Pemex fue detenido a petición de las autoridades mexicana el pasado 12 de febrero en la mansión de un magnate ruso en una urbanización de lujo de Benahavís (Málaga), donde se ocultaba. Desde entonces, permanece encarcelado. Lozoya estuvo prófugo ocho meses y las autoridades mexicanas lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia antes de ser arrestado en España. El exdirectivo de Pemex está acusado de fraude a gran escala y corrupción. Según la documentación remitida a España, el antiguo director de la petrolera presuntamente adjudicó contratos públicos a cambio de sobornos millonarios. Lozoya ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país. La detención de Lozoya fue un golpe al corazón de la anterior Administración mexicana, presidida por Enrique Peña Nieto, de quien Lozoya era uno de sus hombres de confianza. El exdirector de Pemex era una persona muy próxima al último canciller de Peña Nieto, Luis Videgaray.

La primera causa por la que México reclamaba la entrega de Lozoya se remonta a una etapa anterior a que este ocupase el cargo de director general de Pemex. Entonces, se comprometió con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) representada por Alonso Ancira, conocido como el rey del acero, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”. Según recoge el auto de la Audiencia Nacional, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias por importe de 3,4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era Lozoya, si bien las acciones de la mercantil estaban a nombre de su hermana Gilda. A través de esta compañía, el ex directivo de Pemex adquirió en noviembre de 2012 una vivienda valora en cerca de 2,6 millones de dólares.

La resolución detalla que, en diciembre de 2013, cuando ya ocupaba el alto cargo en la petrolera, Lozoya propuso que una filial de esta, Pro Agroindustria SA, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira, “pese a que los diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad”. La compra se llevó a cabo por 264 millones de dólares. Debido a la deteriorada situación de la mercantil, la filial de la compañía estatal tuvo que realizar inversiones para su rehabilitación por valor de 450 millones de dólares, siempre según la reclamación de las autoridades mexicanas.

La segunda causa por la que Lozoya era reclamado señala que en 2009, cuando era director del Foro Económico Mundial de América Latina, mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, directivo de la empresa constructora Odebrecht en México, al que aconsejó sobre los negocios de esta compañía en los estados mexicanos de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. “A cambio de la ayuda prestada a Odebretch, Lozoya pidió que la empresa hiciese un pago a su favor para apoyar la campaña política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevando a cabo la mercantil en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta 8 transferencias por un total de 4 millones de dólares” a dos empresas vinculadas a él o a su familia. Parte de este dinero fue posteriormente destinado a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero a nombre de su esposa valorado en 1,9 millones dólares, según detallaba la documentación enviada por México a España para solicitar su extradición.

La resolución añade que ya como director general de Pemex, Lozoya adjudicó a dedo en 2013 a la constructora Odebretch un contrato por 1.436 millones de pesos mexicanos (57 millones de euros) para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente. A cambio de ello, Ordebretch pagó 6 millones de dólares. De esta cantidad, Lozoya recibió 5 millones de dólares en una cuenta a nombre de la empresa familiar Zecapan.

El auto de la Audiencia Nacional detalla que en su primera comparecencia ante la justicia española, el exdirector de Pemex se opuso a su entrega a las autoridades mexicanas. Sin embargo, el pasado 29 de junio, durante el trámite de alegaciones, la defensa de Lozoya entregó al tribunal un escrito en el que daba su consentimiento para su entrega “inmediata”. En aquel documento, también renunciaba al llamado principio de especialidad, es decir, a la condición de que solo se le pudiese juzgar por los delitos expresamente autorizados por España. En este caso, los tres delitos recogido en el auto de extradición -asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales- coinciden con los del código penal mexicano de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita por los que era reclamado.

Con información de El País. 

Por El Soberano | lunes, 06 de julio del 2020.

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