Este 2026 no va a ser un año cualquiera. Vienen dos discusiones que pueden redefinir el rumbo del país. Por un lado, la reforma electoral. Por el otro, la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC. No son trámites administrativos ni debates de coyuntura. Son decisiones de Estado y expresan un ejercicio pleno de conducción constitucional en un momento de transformación profunda encabezada por la Presidenta de México.
En la conversación pública, algunos han querido presentar la reforma electoral como si estuviéramos ante el fin de la democracia, mientras otros asumen que cualquier cambio, por sí mismo, la fortalecerá automáticamente. Ambos extremos simplifican una discusión que ha sido mucho más rica en los espacios de participación. En los foros ha aparecido una pregunta legítima y compartida por muchas voces sobre si el sistema electoral está funcionando de la mejor manera posible para la participación ciudadana o si se ha vuelto un entramado técnico donde subsiste una casta política alejada del voto cotidiano. México no carece de elecciones ni de competencia política. El reto está en profundizar la formación cívica, hacer que las reglas del juego democrático sean cada vez más claras y accesibles para la ciudadanía. No se trata de debilitar instituciones, sino de acercarlas al pueblo.
Por eso importa tanto el método con el que se ha conducido este proceso. La discusión sobre la reforma electoral no surgió de una imposición ni de un escritorio cerrado. Ha sido encabezada desde la Secretaría de Gobernación por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien ha garantizado un proceso amplio, ordenado y con participación plural. Los 65 foros realizados en el país, las miles de intervenciones ciudadanas y el trabajo técnico acumulado muestran que aquí no se está improvisando. De manera complementaria y estructurante, el papel de Pablo Gómez Álvarez ha sido fundamental para dotar a esta discusión de seriedad, memoria histórica y consistencia institucional. Esto no es menor. En un país con larga historia de simulaciones, el método sí importa.
Vale la pena, además, mirar el proceso con perspectiva histórica. México ha reformado su sistema electoral en múltiples ocasiones, particularmente desde la década de los setenta, y casi siempre después de elecciones presidenciales o de crisis políticas relevantes. Durante décadas, las reformas electorales funcionaron como ajustes periódicos que daban oxígeno a un sistema desgastado y permitían incorporar nuevas fuerzas o corregir desequilibrios. Sin embargo, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se concretó una reforma electoral de fondo. Las reglas heredadas siguieron operando, y bajo ellas se consolidaron los avances democráticos de los últimos años. Hoy, siete años después del inicio de la Cuarta Transformación, la discusión vuelve no como ruptura, sino como parte natural de un proceso de cambio del Estado mexicano, con mayor legitimidad social y política que en el pasado.
Por eso también conviene poner freno a la especulación. Hay columnas enteras discutiendo un proyecto de reforma que aún no tiene redacción definitiva pública. Ese ruido no ayuda. El debate democrático exige mesura, argumentos y evidencia, no alarmismo. Reformar no es destruir. Reformar es ordenar, actualizar y fortalecer. El verdadero riesgo para la democracia no es el cambio, es la inercia. Una democracia que no se revisa termina sirviendo a quienes se acomodaron en sus grietas, no a la ciudadanía que la sostiene. En ese contexto, la propuesta ya ha sido presentada a la Presidenta y, a inicios de febrero, será remitida al Congreso.
El segundo gran eje del año, la revisión del T-MEC, camina en una lógica similar. No es una discusión lejana ni abstracta. La revisión formal ya está a la vuelta de la esquina. Aquí también se juega soberanía, desarrollo y futuro. No se trata de confrontar por reflejo ni de ceder por costumbre, sino de defender los intereses nacionales con estrategia, claridad y visión de largo plazo. México llega a esta revisión con mejores condiciones económicas, mayor infraestructura, capacidades productivas fortalecidas y una narrativa clara de dignidad nacional.
2026, entonces, no es solo un año de debates, es un año de definiciones. Definiciones sobre cómo organizamos nuestra democracia y cómo nos insertamos en el mundo.
