Pluma Patriótica

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3 de diciembre: día internacional de personas con discapacidad

El número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 2020, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, (15% de la población mundial); de ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, (4.9 % de la población total): 53 % mujeres y 47 % hombres. Especialistas han aportado que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las y los demás.  Está fundamentado que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores, que los jóvenes.

En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha transitado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y hasta político de una persona.  Ahora, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Es importante tener claro que una persona puede tener más de una discapacidad, ya que, por ejemplo, los sordomudos tienen una limitación auditiva.

La discapacidad es una condición que agrava cualquier situación de vulnerabilidad y que, desafortunadamente, ha propiciado lo que se conoce como discriminación interseccional, que consiste en la confluencia de factores que se potencian al experimentar discriminación. El colectivo de personas con discapacidad continúa siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, tanto en nuestro país, como en el mundo, y se ha enfrentado históricamente a la invisibilidad, la exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión médica o asistencial, asumida de forma histórica, por muchos Gobiernos, hacia este grupo poblacional. Es imperativo, las personas discapacitadas deben dejar de verse como objetos de caridad y asistencia, y hacer realidad su derecho de ser sujetos de derechos y obligaciones, respetando sus libertades fundamentales.

En nuestro país, el Estado, por ley, debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Para cumplir con este objetivo, la elaboración de políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad resulta crucial, en virtud de que, a través de su implementación se puede mejorar la condición de accesibilidad y desarrollo de esta población. Si bien se han logrado algunos progresos tendientes a que el entorno sea más accesible para las personas que viven con discapacidad, se requiere mucho más trabajo.

Desafortunadamente, aún en nuestra era, la discriminación (en distintos niveles y en casi todos los ámbitos de vida), es un acto constante y común debido al desconocimiento sobre la discapacidad, por lo que se debe visibilizar a este sector poblacional y sus necesidades, difundir información fundamentada sobre sus derechos, así como trabajar, día a día, en las familias, en las escuelas, para contribuir a generar espacios más inclusivos y accesibles, a través de pequeñas acciones: no obstruir banquetas, respetar el espacio de estacionamiento exclusivo, entre muchas otras. Con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad, el Gobierno Federal implementó la Pensión del Bienestar para personas con discapacidad, con un apoyo que se otorgaba únicamente a personas de entre 0 y 29 años con una discapacidad permanente; sin embargo, el plan se actualizó y ahora también incluye a personas de entre 30 y 65 años.

Nuestro país ha suscrito diversos ordenamientos correspondientes a los sistemas universal y regional de protección de derechos humanos —ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia—, pero resulta trascendental dar seguimiento al cumplimiento de la progresividad de los derechos de este sector poblacional, transformando de forma efectiva su realidad, a partir de la consolidación de un marco normativo congruente con la dignidad y los derechos de este sector poblacional, donde la diversidad y tolerancia sean los ejes principales, bajo el pleno respeto de los derechos humanos y  la adopción de buenas prácticas de inclusión, mediante un esquema de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación.

 

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