El Presidente López Obrador está pagando un alto costo por atreverse a desafiar a un sistema agotado, con el sello de la desigualdad, inmerso en corrupción y con la imposibilidad de alcanzar una vida democrática. Tuvo la osadía de poner en la categoría de nivel prioritario a una mayoría conformada por los más vulnerables cuyo fatal destino era que quienes nacían pobres morirían siéndolo. Era casi imposible acceder a una movilidad social prácticamente inexistente.
En contraste, las prioridades del anterior sistema corrupto e impune eran atender a un pequeño grupo de políticos y especuladores, pseudo empresarios que depredaron los bienes nacionales. Sus tentáculos estaban en todas partes: en el petróleo, el gas, la minería, la electricidad, las aduanas, la construcción de obra pública. La notoria corrupción atrajo nuevos giros de negocios ilegales, como las factureras que —mediante la doble facturación— se encargaban de que sus clientes no pagaran los impuestos correspondientes. La clase política y empresarial se enriqueció bajo la protección del anterior régimen.
Es la lucha de los intereses de unos cuantos frente a las necesidades sociales de millones de mexicanos que sobreviven a partir de la exclusión. Esos intereses accedieron a la riqueza nacional por la vía de la corrupción. A este gobierno se le acusa de “regalar dinero a los pobres”; los otros regalaron dinero a los ricos y la corrupción escaló a impunidad. En los últimos treinta años el neoliberalismo que mucho prometió no pudo superar el crecimiento ofrecido, quedando muy por debajo del sistema que sustituyó. Un promedio de 6% del régimen del Estado, frente a un promedio de 2% en el modelo de mercado.
En 1988, el año del fraude de Carlos Salinas, el candidato priista le dijo a su padre Raúl Salinas Lozano: “Tardamos 25 años, pero llegamos”. No se refería a bienestar del país sino al suyo. En la sucesión de 1964 el voraz secretario de Industria y Comercio no era favorito y vio frustradas sus aspiraciones presidenciales, al elegir Adolfo López Mateos a Gustavo Díaz Ordaz. Les tomó 25 años acceder al poder, pero a México le llevaría 30 años intentar salir del neoliberalismo al que se adhirió Miguel de la Madrid con la encomienda a Salinas del cambio de modelo económico.
En 2018 se cumplieron tres décadas del fraude de la “caída del sistema.” El país vivió con asombro ese momento, considerado hasta entonces imposible: se respetó el voto no porque quisieran sino por ser mayoritario. Se presume a esa elección como un logro del INE, pero fueron los votos los que la blindaron. El resultado es un triunfo de los ciudadanos.
El saldo de aquel cambio de modelo ha sido desastroso al agudizar no solo pobreza y desigualdad sino al obstaculizar el proceso democrático. La elección de este 6 de junio coloca de nuevo —frente a frente— a los dos proyectos de la nación mexicana. Aquel, del mercado rector, frente al del Estado defendido por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez y al que de manera generosa contribuyera Heberto Castillo. El Frente Democrático Nacional de 1988 no logró detener a los tecnócratas. Los subsecuentes mandatarios de ese nefasto periodo estuvieron conformes con el estado de cosas.
La pobreza creció al ritmo de la corrupción. El poder político, otrora poderoso, se debilitó frente al poder del capital que cogobernó sin ser electo. Los recursos nacionales fueron botín al que entraron nacionales y extranjeros. Casi todo se entregó. A Slim le dieron Teléfonos de México y las tarifas subieron. A empresas nacionales y extranjeras, por ejemplo, canadienses, la minería. En el petróleo estaban todos, propios y foráneos. La electricidad y el gas a Iberdrola y Repsol. Los presidentes en turno se aseguraron buena prensa al regalarle a medios y comunicadores millones de pesos en publicidad a precio de oro de gobiernos del PRI y PAN. Dispendiosos con los recursos de los mexicanos condonaron miles de millones de pesos a las grandes empresas.
La democracia no surge, se construye y ya se ha visto qué escasos son los actores políticos interesados en que México sea un país donde el voto se respete. Qué urgente es acordar una alianza de fuerzas progresistas de esta izquierda moderada, pero se encuentran casi todos distanciados. Cuauhtémoc Cárdenas no apoya a Andrés Manuel porque su candidatura le impidió participar en 2006 una cuarta vez por la presidencia. No se es parte de la historia de México solo desde la Presidencia de la república. La aportación de Cárdenas y de sus compañeros es una valiosa contribución a la causa democrática mientras la mayoría de los expresidentes pasaron sin pena ni gloria o señalados por ineptos, represores o corruptos. Porfirio Muñoz Ledo se volvió crítico de una lucha de la que fue parte y muchos aliados de ocasión, empresarios y políticos, esperan al resultado a doce días de la elección para ver de qué lado se sitúan.
Ante la cercanía de la elección la oposición adjudica a AMLO los errores que ellos cometieron. La dictadura fue priista, autoritarismo y represión fueron abusos de poder de ellos y de el PAN nunca de López Obrador. Los intentos reeleccionistas estuvieron en Salinas, Fox y Calderón no en López Obrador. Aunque las líneas discursivas de sus campañas mediáticas sean absurdas, a fuerza de la repetición del mensaje puede llegar a ser eficaz. Son tan falsos demócratas que en 89 años no tuvieron tiempo de elevar el fraude electoral a delito grave porque de él dependían.
Pese a que el INE no ha sabido ser imparcial miles de ciudadanos donarán su tiempo para llevar a cabo la contienda. La parte positiva no son Lorenzo Córdova ni Ciro Murayama sino esos mexicanos que durante la jornada electoral serán los funcionarios de casilla cuidando la elección.
Quienes quieren sacar al actual gobierno de mala manera, comprando voluntades y pagando millonarias campañas negras no son para nada demócratas. La creación del IFE no le borra a Salinas la huella de su fraude ni a Calderón el suyo, inventando una cruenta guerra que hizo crecer el narcotráfico mientras la población civil era masacrada. Se sentaron ambos durante seis años en una hurtada silla presidencial siendo coparticipes del fraude Miguel de la Madrid y el PAN en la elección del 88 y Vicente Fox y el PRI, en la de 2006.
Hasta antes del 2018 los barones del capital cogobernaban con la anuencia de los gobiernos. Les irrita que ya no. Es algo así como ¿Quién se cree este Presidente para decirnos que no nos corresponde cogobernar si movemos la economía?
No ha trascendido si quien dice combatir la corrupción figura en el grupo de aquellos que saldaron sus adeudos fiscales. Pretenden regresar por la recuperación de negocios financiados por el gobierno con recursos de los ciudadanos, como el cancelado proyecto aeroportuario que ingenuamente defiende un sector clasemediero que les hace coro (no llores por mí, Texcoco). Pagan lo que sea para dinamitar el proyecto de gobierno sostenido por los ciudadanos e impedir el cambio posible. No les interesa el bienestar del país sino el de ellos.
El desaseo de candidaturas, exhibe a todos los sectores. Partidos políticos, el Instituto Electoral, organizaciones no gubernamentales, capital privado, gobiernos, y crimen organizado. No van con México, van por México como negocio particular. Buscan afanosamente el regreso a los viejos tiempos del fraude, de la evasión fiscal, de los salarios estancados, de las deudas impagables, del peso devaluado, de la pobreza muda e invisible y de la soberanía pisoteada cuando lo consideren necesario.
Con la fama que precede a Luis Almagro secretario general de la OEA, invitado como observador por la oposición, se quiere provocar incertidumbre electoral si el resultado no les favorece. Si los ciudadanos desestiman la campaña anti AMLO que se mantiene vigente, la transformación del país está en riesgo. Una democracia en proceso no puede permitirse el lujo de suponer que esto ya cambió, asumirlo así puede afectar la intención del voto.
El país está frente a unos comicios inéditos. Nunca una elección intermedia tuvo tanta importancia. En las anteriores, la de medio término era un trámite, todo seguiría igual. Este proceso electoral significa defender y refrendar el cambio iniciado hace dos años y medio. La historia no termina, comienza a partir de ahí. Se requiere volver a votar masivamente. De manera que la oposición que convoca hasta a elementos foráneos antidemocráticos y desestabilizadores no consigan viciar el proceso electoral.
Los interesados en el fracaso del gobierno de López Obrador no les importa el país ni sus pobres, tampoco el sector de la clase media por ellos utilizado y manipulado. Están metidos de lleno en el proceso electoral por la recuperación de los privilegios perdidos. Desde el periódico que pasó de obtener hasta 300 millones de pesos de publicidad con Enrique Pena Nieto —y que exhibe su enojo en sus publicaciones porque AMLO les redujo la publicidad a 13 millones de pesos— hasta el capital que se debe sujetar a las reglas del pago de impuestos.
Muchos grupos operan simultáneamente contra el cambio que se sigue conformando. El audio que circula en redes que describe el objetivo de dinamitar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para impedir el control del presupuesto por parte del Presidente, que con urgencia necesitan, demuestra que están dispuestos a todo. La oposición nunca ha sido democrática.
El elemento que nunca hubo es un Presidente empeñado en consolidar la democracia en México. A Andrés Manuel, quien ganó una elección con los votos libres de los ciudadanos sí se le puede creer que apuesta por esa democracia. El 6 de junio, no es solo la fecha de una elección intermedia. Es el más grande e importante proceso en la historia electoral por los cargos en disputa. Es la oportunidad de refrendar y consolidar el voto mayoritario de los mexicanos, para que el cambio continúe. Esta historia aún no termina y necesita de todos para transitar al nuevo régimen en el que tengan cabida todos los ciudadanos. Sería una tragedia que el 7 de junio amanezca con el regreso al régimen corrupto e impune de casi cien años. Un voto contundente permitirá que el cambio elegido siga su curso.
