Todo indica que la participación ciudadana en la elección del poder judicial será escasa. A la abstención habitual se le sumará aquella basada en las dudas o el franco rechazo al proceso de otra proporción del electorado. Además, la gran cantidad de cargos a elegir, la baja disponibilidad de casillas en comparación con otras elecciones, la falta de mecanismos que sustituyan el trabajo que realizan los partidos políticos y las vicisitudes de un proceso inédito y complejo representan barreras adicionales que disuadirán el voto.
De entrada, las personas que no votan en las elecciones representan un porcentaje significativo de la ciudadanía, más cuando la contienda no es presidencial. En 2021, por ejemplo, la participación fue de 53% y en 2024 fue de 61%. Un parámetro para valorar el éxito de la elección del poder judicial es que la participación sea al menos la misma que en la revocación de mandato de 2022, la cual fue de casi 18%. Esto representó la fuerza de movilización electoral de Morena en ese momento, por lo que podría ser un resultado políticamente aceptable en 2025 —mantener vigente esa fuerza no es un logro menor—.
Sin embargo, esto de ninguna manera es suficiente. En el fondo, introducir la lógica electoral en el sistema de justicia transformó la fuente de su legitimidad. Si uno de los argumentos para aprobar la reforma era que las personas juzgadoras carecían de esta cualidad para decidir sobre ciertos asuntos, esto no será distinto si solo participa 18% de la ciudadanía. Para que el poder judicial cuente con la legitimidad que exige esta nueva etapa, idealmente, la participación en la elección debería ser similar a la de los otros poderes.
Por otro lado, la ciudadanía tiene que informarse sobre cientos de perfiles para definir los 881 cargos federales en disputa, más aquellos que corresponden a los procesos locales que se llevarán a cabo en diecinueve estados. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay que votar por 39 personas entre 206 candidaturas. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que elegir a nueve ministras y ministros entre 64 postulaciones; para las magistraturas (de circuito, de las salas regionales, del tribunal de disciplina y del tribunal electoral) hay que escoger a veinte personas entre 114 contendientes, y para los juzgados de distrito, hay que seleccionar a diez jueces entre 28 alternativas. Es absurdo… pero superable (habrá que llevar a la casilla la lista con los 39 nombres o recurrir al azar; anular también es una opción).
La ausencia de partidos políticos complica todo. Los partidos recolectan y procesan información sobre las preferencias del electorado; construyen liderazgos y propuestas de gobierno; investigan y critican las candidaturas contrarias, y —lo más importante— informan a la ciudadanía de éstas y otras de sus actividades. Aunque existen numerosos problemas asociados a sus prácticas y su desempeño, estos son un pilar teórico y práctico ineludible para el funcionamiento de las democracias. Con esto no hay una intención de argumentar que los partidos políticos deban inmiscuirse en la elección judicial, pero sí de mostrar que las prisas por aprobar la reforma eliminaron la posibilidad de reflexionar y debatir sobre ésta y otras cuestiones relacionadas con la introducción de una lógica electoral en el sistema de justicia.
Como está diseñada, la elección judicial impone demasiado trabajo a la ciudadanía. A esto se suma la falta de presupuesto del INE que se traducirá en menos casillas de votación, la mitad de las que se instalaron en 2024. Mientras que el año pasado se instalaron casi 171 mil casillas, en junio de 2025 se instalarán poco más de 84 mil. Más cargos por elegir en menos casillas de votación significa que habrá que dedicar más tiempo del usual al proceso, tanto para investigar e informarnos previamente de las candidaturas como el día de la jornada electoral.
Y, a pesar de los problemas y las objeciones, es indispensable salir a votar. No importa si estamos a favor o en contra de la elección; ese momento ya pasó. Después habrá oportunidad de valorar los resultados y, con esa base, proponer y realizar las modificaciones pertinentes. Hoy lo que tenemos enfrente es la oportunidad de expresar una voluntad ciudadana contundente para renovar al poder judicial y que éste se constituya como un ente imparcial, legítimo y accesible para todas las personas.
El riesgo que entraña una baja participación es que el poder judicial termine cooptado nuevamente por intereses políticos y económicos; es decir, «cambiar todo para que nada cambie». Si solo vota 5 o 10% del electorado, por ejemplo, es probable que esas personas sean las más politizadas, las que están más vinculadas a los partidos políticos y a los poderes fácticos, y serán ellas quienes decidirán. Eso no lo podemos permitir.
La única forma de evitar la cooptación del sistema de justicia o una potencial crisis de legitimidad y atajar la incertidumbre generada por la reforma es salir a votar masivamente, apoderarnos como ciudadanía de la elección y demostrar que el pueblo sí manda. Si queremos que México se sobreponga a sus problemas internos y a las turbulencias internacionales, necesitamos un poder judicial fuerte, renovado y legítimo. Para que esto suceda, el primer paso es participar. Si algo nos preocupa este país, no queda de otra; hay que salir a votar.
