Tras la dictaminación positiva por la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal a la Iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar al Poder Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y crea un tribunal de disciplina judicial, el funcionariado de ese poder se manifestó en su propia sede.
Consignas como “A sus sentencias les hace falta más pueblo”, “Poder Judicial por voto popular”, expuestas en pancartas, demostraron no solo las diferencias que en él convergen, sino que evidenciaron que aún existen servidores públicos con un sentido social, como si fuera poco en un país como el nuestro.
En México, no es novedad que el acceso a la justicia se encuentra estrechamente relacionado con el nivel socioeconómico del interesado. Como consecuencia, la dificultad de acceder a ella retroalimenta a mediano y largo plazo la desigualdad económica en que se encuentra el ciudadano.
Dado que el acceso a la justicia es un derecho rector en el cualquier Estado que aspire a ser democrático, las dificultades para acceder a la justicia permean en el ejercicio amplio de otros derechos, lo que no permite el desarrollo sano de las personas.
En ese sentido, actualizar los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas bajo los cuales la justicia mexicana debe regirse para garantizar el acceso a la justicia social, justicia restaurativa y justicia redistributiva.
Por ello, la reforma al Poder Judicial fue el primer asunto que la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal resolvió, sin embargo, como abogada me parece importante pronunciarme respecto de dos puntos medulares; la votación popular, y la separación de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
De la votación popular como senda para la designación de las personas juzgadoras, me parece fundamental como vía de evaluación del desempeño de las y los juzgadores, con independencia de que sean postuladas por los tres poderes de la unión, la vía de votación podría robustecer la rendición de cuentas del poder público.
En cuanto a la separación de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, su esencia es modernizar el sistema de justicia nacional, con la finalidad de que estén a la altura de los retos de México.
Por ello, la propuesta pretende fortalecer al Poder Judicial con la finalidad de reconfigurar el sistema e incorporar a la Constitución Federal mecanismos democráticos que permitan a las y los mexicanos participar enérgicamente en la selección de sus juzgadores.
En síntesis, hay un reclamo de justicia, un reclamo inefable, que por más que se le vea no encuentra remedio en el modelo actual, y si bien aún no se aprueba la reforma, la ciudadanía votó por el Presidente Andrés Manuel porque cree en él, y con ello en su modelo nacional de justicia.
“Por el bien de todos, primero los pobres”, como dice AMLO.
