Pluma Patriótica

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A tiempo de corregir

En este espacio hemos hablado en reiteradas ocasiones de los aciertos y desaciertos del gobierno de la Cuarta Transformación. Emprender una transformación como la que planteó el Presidente López Obrador, sobre todo después de varios sexenios en los que se acrecentó el saqueo nacional y se institucionalizó la corrupción como política de gobierno, conlleva a tomar decisiones que no siempre serán populares o tendrán réditos políticos.

Considero como aciertos el giro que se ha dado a la política de seguridad, pues se pasó de una estrategia fallida, basada en la violencia de Estado, a una que busca atender las causas que dan origen a esa violencia y la inseguridad.

Este gobierno ha puesto todo su empeño en disminuir la pobreza y la desigualdad; los programas sociales ahora garantizados por la misma constitución son una deuda histórica que se tenía con un amplio sector de nuestra población.

En materia económica, es de aplaudir el manejo de las finanzas públicas ante un contexto como en el que nos encontramos producto de la pandemia originada por covid-19. La apuesta del proyecto obradorista por recuperar nuestra soberanía energética es una excelente jugada geopolítica que traerá beneficios a futuro para todos los mexicanos.

Sin embargo, ante esos aciertos y avances, continuamos arrastrando un gran pendiente que desde mi perspectiva opaca lo hasta ahora alcanzado. La gran mayoría de los que votaron en 2018 por Andrés Manuel López Obrador tenían la esperanza de ver un Presidente que enfrentara por los medios legales e institucionales a todos aquellos que desde sus cargos hicieron uso indebido de sus encargos y los dineros que manejaron. La insultante corrupción vivida hasta ese entonces fue el factor determinante de aquella elección.

Después de tres años, la corrupción sigue siendo el gran pendiente de esta actual administración. Con esto no quiero decir que no se haya hecho nada, ni que no se hayan implementado diversas medidas, acciones o cambios para evitar los actos de corrupción en la actual administración. No, me refiero a que los que saquearon a la nación siguen disfrutando del dinero mal habido sin que se avizore sanción alguna posible en su contra.

La designación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República deja mucho que desear y comienza a cobrar una factura política al Presidente. Gertz Manero no está, ni estará, a la altura del reto que conlleva una transformación nacional como la que se pretende.

No se entiende por qué mantenerlo en su encargo ante su ineficiencia y los casos de conflicto de intereses en los que ha incurrido en fechas recientes. Mientras que existen funcionarios como Raquel Buenrostro o Santiago Nieto que de manera eficiente y profesional dan resultados como titulares de sus áreas, el Fiscal General de la República no ha podido esclarecer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ni sustentar o llevar a cabo diligencias en contra de figuras relevantes imputadas en actos de corrupción.

Entramos a la parte final de esta administración; resulta de vital importancia para el Obradorismo refrendar a la ciudadanía su compromiso con la procuración de justicia y el combate contra la corrupción. Los tiempos políticos en los que era necesario retener la mayoría en la cámara de diputados para sostener la viabilidad de la 4T en el legislativo ha concluido. Es necesario para esta administración dar resultados y llevar ante la ley a todos los actores políticos involucrados en temas de corrupción. Nuestro país no podrá transformarse mientras perdure la impunidad.

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