A una semana de un hecho inédito, México dio un paso histórico que resonará durante décadas: se convirtió en el primer país del mundo en elegir mediante voto popular a las personas que integrarán su Poder Judicial. Este proceso no fue solo una novedad institucional; representa un parteaguas en la vida democrática del país. Porque no se trató de cambiar nombres o rostros, sino de transformar una institución que durante años funcionó de espaldas al Pueblo.
Durante décadas, el sistema de justicia mexicano fue sinónimo de corrupción, opacidad y privilegios. Desde las oficinas del Consejo de la Judicatura hasta la Suprema Corte, se perpetuaron pactos de impunidad. Jueces que vendían sentencias, magistrados que blindaban a criminales de cuello blanco, ministros que hablaban de legalidad mientras protegían intereses económicos. Frente a esa realidad, el pueblo dijo: «Basta.»
Más de trece millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para ejercer un derecho conquistado con lucha y organización: elegir directamente a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras. Una participación superior a la obtenida por cualquier partido de oposición en la elección presidencial de 2024. Ese dato no solo es simbólico: revela una convicción profunda de que la justicia no puede seguir siendo un privilegio, ni un espacio reservado para unos cuantos.
En este contexto, uno de los hechos más significativos fue la elección de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado mixteco, defensor incansable de los derechos de los pueblos indígenas y promotor de la reforma al artículo 2°
constitucional, Aguilar representa una ruptura con el perfil tradicional de quienes han ocupado ese cargo. No proviene de una cúpula burocrática, sino de las luchas territoriales y de la defensa del derecho colectivo.
Con Aguilar Ortiz al frente de la SCJN, por primera vez en la historia reciente, ese espacio —históricamente reservado a las élites del derecho— será presidido por alguien que conoce de primera mano lo que significa ser excluido del sistema. Que no defiende la justicia desde
la teoría, sino desde la práctica cotidiana de las comunidades que han sido sistemáticamente desplazadas, empobrecidas y silenciadas. Su llegada a la Corte no es solo simbólica, es profundamente política: abre una grieta en el muro de los privilegios jurídicos, y deja entrar la voz de los pueblos que históricamente fueron negados.
Pero el viejo régimen no desaparece por decreto. Esta misma semana, mientras el Pueblo celebraba una victoria democrática, Norma Piña y su pandilla volvieron a actuar en defensa de la impunidad. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero —implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— fue absuelto por “falta de pruebas”. Esta resolución se suma a una cadena de exoneraciones: ya son más de 20 personas involucradas en el caso que han sido liberadas sin consecuencias.
¿De verdad nos quieren hacer creer que no hay pruebas? ¿O será que esas pruebas nunca valen cuando los responsables tienen conexiones políticas, recursos económicos o vínculos con los poderes de siempre? Mientras las madres y padres de Ayotzinapa siguen buscando
justicia, la vieja cúpula judicial les responde con impunidad.
Este contraste no puede ser más claro. Por un lado, la ciudadanía participando en un ejercicio democrático sin precedentes para construir una nueva justicia. Por otro, una élite judicial que sigue protegiendo a quienes deberían estar rindiendo cuentas. Esta elección no fue un capricho ni una ocurrencia: fue una necesidad urgente. Porque mientras haya jueces que absuelven criminales y encarcelan a inocentes, la democracia está incompleta.
Lo que está en juego no es solo quién juzga, sino desde dónde se juzga y para quién se imparte justicia. Hoy la justicia está en disputa. Y no basta con celebrarlo: hay que defender cada avance, fiscalizar a cada electo, y seguir exigiendo que los derechos del pueblo no
vuelvan a estar subordinados a las mafias togadas.
La justicia no puede seguir siendo privilegio. Con esta elección, el pueblo mexicano ha demostrado que está listo para ser protagonista no solo de su destino político, sino también de su destino judicial. Ahora toca construir, vigilar y profundizar esta transformación.
