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Tufo de corrupción en contrato

Tufo de corrupción en contratos de comunicación en Hermosillo

El problema con los contratos, conocidos como convenios de comunicación, del Ayuntamiento de Hermosillo en 2017, con alrededor de 40 medios de comunicación, estriba en que el formato por sí mismo es indicativo de que no son contratos sino formatos simuladores de la abominable práctica del llamado chayote. A pesar de estar supuestamente sometidos a los procedimientos de la ley de arrendamientos, adquisiciones y servicios, es evidente por su contenido, su contexto y su forma que su origen es la flagrante y escandalosa corrupción que se ha querido generalizar mediante la publicación de listas apócrifas.

Consulta aquí algunos de los contratos

Lo cierto es que sí hay contratos de comunicación, pero contravienen los principios de la contratación pública y evidencian la corrupción por lo siguiente:

1.- Son contratos genéricos sin objetivos específicos, lo que indica que de ninguna manera son necesarios. La contratación pública tiene como premisa básica y fundamental la necesidad de contratar servicios para la realización de un trabajo, proyecto o desarrollo. En estos convenios no es así.

2.- Porque al no ser necesario tener contratados a casi 40 prestadores de servicio de la comunicación para la supuesta difusión de programas (no especificados), se incumple con el principio de eficiencia en el gasto. Ninguno de los convenios establece qué programa se va a difundir.

3.-  La adquisición de bienes y contratación de servicios debe realizarse mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer. En ninguno de los contratos se establece qué es lo que se requiere y qué es lo que brinda el prestador del servicio.

4.- Como no existe ni objetivo específico, ni programas de difusión precisos, ni los requerimientos necesarios, es evidente que tampoco puede cumplirse con el principio de selección de la oferta económicamente más ventajosa en un sentido global, es decir que no se atenga únicamente al criterio del precio, sino que tome en cuenta las ventajas de elegir a determinado prestador de servicio por encima de otro. 

Es evidente que frente a alrededor de 40 prestadores de servicio de comunicación con el mismo objetivo (ninguno, por cierto, descrito de forma específica), con diferencias discrecionales en los precios de contratación, no es factible advertir cuáles fueron las razones de dichos contratos, el porqué de los precios, el objetivo perseguido, el programa a difundir, los modos de difusión y todos aquellos elementos necesarios para que la contratación del servicio a realizar corresponda a la difusión de programas de gobierno, y no a la manutención indebida y corrupta de fuentes periodísticas.

El objetivo general de los contratos es:

El prestador del servicio se obliga a prestar el servicio de difusión informativa de las acciones, actividades y campañas del gobierno municipal, a fin de dar a conocer a la ciudadanía todo lo concerniente al municipio. También señala que el ayuntamiento proporcionará todos los datos e información necesaria de los eventos o mensajes a publicarse, misma información que contendrá especificaciones de tiempo, lugar, forma y contenido del mensaje, en el entendido de que nada podrá publicarse si no emite el ayuntamiento una orden al prestador del servicio donde se detallen los aspectos antes mencionados.

Otro principio de la contratación pública es la determinación de los resultados esperados. Evidentemente, cuando una contratación no corresponde a una verdadera necesidad es imposible establecer los resultados esperados; y es esta la prueba de que dichos resultados no podrán determinarse. Por ello en dichos contratos no se advierte lo siguiente:

Elaboración y desarrollo de la estrategia y plan de medios de difusión. Al no existir ningún objetivo de comunicación, no puede determinarse la implementación de piezas publicitarias en el plan de medios, así como su desarrollo, creatividad y producción.

Especificación de los procesos de medición, control, reposición y evaluación de las campañas publicitarias y de difusión.

La estructura y diagnóstico institucional con la finalidad de comprender y establecer las rutas y formas de comunicación.

Ninguno de los contratos cuentan con esos elementos, precisamente por ser elementos elaborados ex profeso sólo para callar la voz de los contratados, quienes al tener asegurado un contrato se someten a la disposición de no publicar absolutamente nada del ayuntamiento sonorense hasta en tanto este les proporcionen los detalles de tiempo, lugar, forma y contenido de los mensajes.

El contrato somete de hecho la función periodística, pues se hace de supuestos canales de comunicación que tienen prohibido realizar publicaciones sobre el ayuntamiento hasta en tanto no reciban de éste los datos que él requiera. 

La actividad del periodista es informar con verdad, objetividad e independencia; y su responsabilidad no es sólo personal y profesional, sino pública. La función del periodismo, acercar a la población la información sobre hechos relevantes, implica para el periodista analizarlos, incluso procesarlos y traducirlos para hacerlos comprensibles a nivel de masas, es decir, se cumple también un rol pedagógico. El periodismo debe fungir como palanca de control y vigilancia sobre el poder. 

El mayor dilema del periodismo estriba en su relación con los presupuestos publicitarios, la fuente esencial del financiamiento de los medios de comunicación. Que, como podemos ver en estos convenios, tuercen la operación administrativa de los fondos públicos, pues el enorme gasto que implican no tiene proporción con el nulo beneficio que se obtiene de los mismos, ya que los prestadores de servicios no se contratan para informar (la ausencia de los elementos señalados en el contrato lo prueban) sino todo lo contrario: se contratan para callar y para no referir absolutamente ninguna noticia en relación con la institución que los contrata.

La pregunta es: ¿en el actual gobierno municipal y del estado tendrán los mismos formatos de contratos para los convenios de comunicación?

Y todo esto obliga de nueva cuenta a exigir a diputados locales y federales que avancen una ley antichayote que regule de manera efectiva los recursos que se destinan como partidas de comunicación social.

Si queremos que el periodismo no sólo sea el ámbito de las relaciones públicas tenemos que impulsar que los medios de comunicación no estén centrados y cooptados por el poder. Amordazados, medios de comunicación jamás podrán ejercer ya no digamos control sobre el poder, sino siquiera elementos de vigilancia. Para ello es necesario que exista la presión ciudadana que detone la voluntad política de erradicar la grotesca simulación en las regulaciones de los convenios publicitarios gubernamentales y legislativos, y crear los mecanismos pertinentes y necesarios para regular el reparto de los recursos de manera equitativa y transparente en los medios de comunicación. Porque hoy en día sólo sabemos que se reparte muchísimo dinero del erario, pero no bajo qué criterios.

Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio
La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic 88.1 FM
y colaborador de análisis político en el noticiero
Titulares de Radio Fórmula Sonora.

@Naranjero75

 

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