Es muy difícil no coincidir con el presidente López Obrador cuando dice que es necesaria una prensa cercana al pueblo y alejada del poder, pero no comparto las descalificaciones contra la revista Proceso y mucho menos el que todos los “buenos” periodistas estén obligados a tomar partido por su proyecto. Porque según el presidente entre los mejores periodistas que ha habido en la historia de México (una subjetividad), todos han tomado partido y apoyado las transformaciones.
Y cita a Francisco Zarco, un destacado periodista, político y escritor liberal en los tiempos de la Reforma juarista, y a los hermanos Flores Magón, periodistas y políticos antiporfiristas que apoyaron el levantamiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero para derrocar a la dictadura porfirista; sin embargo, aunque Jesús sí estuvo comprometido con el proyecto de Madero e incluso colaboró en su gobierno, sus hermanos Ricardo y Enrique fueron acérrimos críticos del gobierno provisional del coahuilense (uno de los tres presidentes más admirados por AMLO).
Esto es una sencilla muestra histórica de que en los ánimos de una sociedad por regenerar y transformar una nación no existe una visión monolítica, sino un mosaico de pluralidades respecto a las formas de llevar a cabo la ejecución de un proyecto de transformación, necesarias para crear los sanos contrapesos democráticos, sobre todo cuando van del lado del periodismo, porque aunque es válido tomar abiertamente partido por algún proyecto político desde la trinchera del periodismo, también lo más objetivo y honesto es decir que, como lo pronunció Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, “no es papel de los medios portarse bien con alguien”.
No obstante, creo que tendría que imperar la ecuanimidad para no caer en el dramatismo de acusar a López Obrador de autoritario y censurador de la libertad de expresión. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esta opinión del presidente, pero sin duda tiene todo el derecho de expresarla. Poner mayor énfasis en lo que el mandatario dice y menos atención a lo que hace es erróneo y puede caer en la ociosidad de la esterilidad analítica. Estas declaraciones serían preocupantes ante un escenario de represión a los medios y en el que no hubiera un contexto de libertad de expresión. Pero es evidente que no existe una atmósfera de control sobre los medios de comunicación por parte del gobierno federal.
El que un periodista pueda cuestionar directamente y debatir con total libertad con el presidente en una rueda de prensa es uno de los grandes avances democráticos que debemos reconocerle al actual gobierno; se trata de asumir el papel de un verdadero servidor público expuesto diariamente al cuestionamiento y escrutinio de cualquier periodista que asista a sus conferencias matutinas, algo impensable en los anteriores sexenios y que aún sigue estando a distancia de años luz en los gobiernos estatales y municipales.
Siempre me he inclinado por defender el punto de que a los servidores públicos de cualquier rango y al político en general no se les puede excluir de ese derecho humano inalienable que es la libertad de expresión, sobre todo en su legítimo derecho de cuestionar al poder mediático cuando consideren que la nota u opinión en cuestión carecen de argumentos válidos. Sin embargo, por lo menos en nuestro país, cuando el poder mediático cuestiona al poder político, hablamos libertad de prensa y libertad de expresión; pero cuando el poder político cuestiona al poder mediático vemos un atentado contra la libertad de expresión.
Considero que esa sentencia sin matices es aberrante. Porque, escudándose en ese argumento, gran parte del poder mediático, cuando le ha sido conveniente a sus intereses, se ha excedido y ha convertido la libertad de expresión en libertad de presión y conformado una democracia mediatizada, a tal grado que parecería que han remplazado al estado de derecho por el estado de opinión. Se ha juzgado en los titulares, en los noticieros o en los programas de opinión, no en los tribunales: eso es contrario a la democracia y socava el estado de derecho, donde también el ciudadano común queda en una posición de justicia precaria.
Cuando se acusa hostigamiento del presidente al periódico Reforma, por la posición de un supuesto poder presidencial infinitamente mayor al de este medio de comunicación, considero que se incurre en un verdadero exceso porque no es tan asimétrica la relación de poder del mandatario con ese periódico. Tras bambalinas se trata de un enfrentamiento de tú a tu con el poder económico que está detrás de este periódico. Sería muy interesante y un acto valeroso de honestidad que Grupo Reforma, así como exige la debida transparencia del gobierno federal, también transparentara qué fuerzas empresariales están detrás suyo, porque es difícil creer que los propietarios (la familia Junco) son la única fuente de financiamiento.
Más allá de toda esta discusión, pienso que nos estamos deteniendo en el árbol sin adentrarnos al bosque. La discusión obligada sobre el periodismo en este contexto social debería rondar la exigencia de parar la violencia que se está ejerciendo contra el periodismo y los periodistas en los estados: México es el país más peligroso para ejercer esta profesión.
Para formar ciudadanos con capacidad crítica, que nos haga capaces de discernir la necesidad de reivindicar nuestros derechos, es necesario empezar a gestar una sociedad donde los ciudadanos controlen al poder y no el poder a los ciudadanos. Y eso jamás se podrá lograr si no existe una prensa cercana al pueblo, alejada del poder. Le corresponde a los gobiernos de los tres niveles garantizar las condiciones para ejercer un periodismo libre y sin amedrentamientos, capaz de informar más sobre las necesidades e intereses de los “sin voz”.
Aarón Tapia. Periodista conductor del programa de radio
La Tertulia Polaca en La Voz Del Pitic, 88.1 FM,
y colaborador de análisis político en el noticiero
Titulares, de Radio Fórmula Sonora.
@Naranjero75
