Hace seis años, el país se encontraba eufórico con el histórico triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El 2 de julio de 2018 marcaba el inicio de Cuarta Transformación del país y, con ello, los mexicanos nos llenábamos el pecho de orgullo por haber llevado a Palacio Nacional al hombre que habría de convertirse en el mejor Presidente de la historia moderna del país. Lo demás es historia, mis lectores y el Pueblo de México han sido testigos de los grandes cambios y de las bases del inicio que cambiará por completo a nuestro país.
La derecha se ha mordido la lengua durante este sexenio, porque ni nos convertimos en Venezuela o Cuba, ni se vivimos bajo una dictadura, ni —mucho menos— se planteó la reelección presidencial.
Desde el amasiato entre el Poder Judicial federal y la derecha conservadora, intentaron dar marcha atrás varios megaproyectos del Presidente, es decir, quisieron judicializar la política. Aunado a lo anterior, los altos funcionarios judiciales nunca se adhirieron a la austeridad republicana, ya que un juez federal continúa ganando más que el presidente, y ya ni hablemos de los magistrados o ministros, quienes entre su salario, remuneraciones, bonos y emolumentos casi alcanzan el millón de pesos mensuales.
Para darnos una idea, en un mes, un juez federal gana más de 130 mil pesos libres —antes de impuestos—, además, recibe un apoyo a la vivienda vivienda de 30 mil pesos, uno para guardería por 2 mil pesos, vales de despensa y restaurantes de 23 mil pesos, un bono de vestimenta, y tiene derecho a cuatro boletos de avión, así como a una despensa para su oficina por un valor de 3 mil pesos —pueden pedir artículos de lujo, como agua embotellada europea, galletas de importación y jamón serrano—. Por si fuera poco, reciben también tres meses de sueldo extra. En pocas palabras, son escandalosos sus privilegios, ya que además cuentan con carro y chofer pagados con nuestros impuestos. De los magistrados y ministros ya ni hablamos, porque nos vamos para atrás, puesto que a cada uno de los once ministros se le asignan dos camionetas blindadas y un gran equipo de escoltas.
Por lo anterior, y decenas de motivos más, nuestra Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, impulsó en campaña el Plan C, para que a través de las urnas el movimiento de la Cuarta Transformación lograra la mayoría en las Cámaras y así avanzar con la reforma judicial y otras pendientes, que la derecha no dejó pasar en el Congreso, porque no le convino a sus intereses.
En el proceso electoral pasado, que culminó con el triunfo irrefutable de Claudia Sheinbaum, no hubo engaños. Antes, durante y hasta el día de hoy se le explicó al Pueblo calle por calle y casa por casa que una de las promesas de campaña era la Reforma Judicial, cuyo objetivo es evitar tropelías, nepotismo, influyentísimo y garantizar la austeridad republicana que ya existe en el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, siempre se dijo que de ganar Morena se iban a someter a votación a los ministros de la Corte, magistrados y jueces, tanto federales como locales.
Es falso que se pretenda desaparecer al Poder Judicial de la Federación; es falso que serán votadas personas que no tienen perfil judicial. Por el contrario, habrá candados para que esto no suceda, ya que la reforma del Presidente incluye filtros para que los tres poderes de la Unión puedan proponer a 10 candidatos, que serán puestos a votación del Pueblo de México y no sea designados por dedazo o por “amigocracia”, como sucede actualmente.
En la siguiente entrega, explicaremos cómo se estructura la reforma del Presidente y cuáles son los beneficios para el Pueblo de México de tener un Poder Judicial austero y sin nepotismos; de contar con impartidores de justicia honestos, austeros y profesionales y que no solo mantengan sus puestos por ser cuates del —hasta ahora intocable— Consejo de la Judicatura Federal, que representa la oligarquía judicial.
