¿Cuántas jóvenes habrán reclamado a sus madres o tías no haber votado aquel histórico 3 de julio de 1955, cuando, luego de décadas de lucha y resistencias, finalmente las mujeres accedieron por primera vez al sufragio?
¿Qué motivó a aquellas mujeres a no salir a las urnas y participar en la elección de diputaciones federales de la XLIII Legislatura?
Desde una mirada reduccionista, podríamos hablar de ignorancia. Sin embargo, también podemos hablar de temor y de convicción. ¿Cuántas abuelas de aquellos tiempos tuvieron la firme creencia de que la participación política de las mujeres era un sinsentido?
Apenas 70 años después, en México nos enfrentamos a otra elección histórica: la del Poder Judicial, producto de una reforma constitucional promulgada un año antes, en 2024. Y, una vez más, probablemente habrá hijas, hijos y nietos que, en unos años, reclamen a quienes no participaron en este hecho inédito.
Desde las trincheras del partidismo simplón, la baja participación en las elecciones del pasado 1 de junio tiene explicaciones simples y enajenantes:
La derecha señala y se ufana del abstencionismo para descalificar no solo el proceso, sino para sostener su rechazo a la reforma del Poder Judicial, argumentando la manipulación del proceso, la complejidad de la elección y para enfatizar que su llamado a la NO participación tuvo eco en la ciudadanía.
Por su parte, el oficialismo afirma que la participación fue muy buena, considerando que es el primer proceso de su tipo, y compara la participación con los votos recibidos por los partidos opositores en el pasado proceso federal.
Tratemos de profundizar un poco más en las motivaciones… o desmotivaciones de la ciudadanía para no salir a emitir su sufragio en ejercicios democráticos como la revocación de mandato, la consulta popular o para hacerlo con menor interés en elecciones intermedias.
Hablemos de la participación ciudadana, la de a pie, la que no milita en partidos, la que resume su relación con el Estado al pago de sus impuestos y a algún sufragio ocasional si las condiciones se dan. Hablemos también de la participación utilitaria, aquella que vota o asiste a actos de gobierno cuando hay alguna recompensa o beneficio directo como una despensa, un apoyo, una acción gubernamental.
Ambos tipos de participación no representan la totalidad del padrón, pero son importantes y significativos. Ambos son herencia de décadas de malos gobiernos, de gobiernos paternalistas. Aquí, los factores de desinterés y precariedad juegan un papel especial.
La formación de ciudadanía es un trabajo directo de las instituciones de gobierno, de sus mecanismos de participación y de la confianza que se van ganando en la población a partir de resultados, eficiencia y comunicación. Pero también es responsabilidad —o debería serlo— del partido mayoritario, más aún cuando este se hace llamar partido-movimiento. Y aquí cabe un análisis autocrítico que debe asumirse con responsabilidad.
Mucha gente, si no obtiene algo, no sale a votar.
¿Qué ha hecho Morena para romper con el voto utilitario? Cuando en aras de objetivos supremos se han solapado malas prácticas del pasado o se ha abierto la puerta a personajes y operadores acostumbrados a esas mañas. Gobernadores que, mediante operadores, movilizan personas en el llamado “Día D” para favorecer alcaldías, diputaciones o curules afines. Ex priistas o ex panistas que se ganan un lugar en el partido “operando” miles de votos a favor de una determinada candidatura, “haiga sido como haiga sido”.
Se calcula una participación de 13 millones de personas en la elección del Poder Judicial, y las militancias de Morena la comparan con los 9 millones de votos obtenidos por el PAN, 6 millones de Movimiento Ciudadano, 5 millones del PRI y el 1 millón del ahora extinto PRD. Muy bien, es sensato para anular el discurso triunfalista de una oposición derrotada, ridícula y contradictoria, que se dice demócrata y llamó a no votar.
¿Pero qué hay de la diferencia con los 27 millones de votos de Morena, y los 7 millones de sus aliados el Partido del Trabajo y el Partido Verde?
¿Qué motivó al menos a 21 millones de personas a salir a votar por Claudia Sheinbaum y no participar en la elección del Poder Judicial?
Treinta y seis millones de personas no solo dieron una contundente victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum; también, con conocimiento de causa, otorgaron la mayoría —casi calificada— para la reforma del Poder Judicial. ¿Qué los desmotivó a no participar en la cúspide del llamado “Plan C”?
La revocación de mandato, la consulta pública y hoy la elección del Poder Judicial —las tres elecciones federales con menor participación— tienen una constante: son vistas como mecanismos democráticos que solo abrazan a una corriente política.
¿Cómo modificar esta situación?
Desinformación, desconfianza y desinterés
Las 3D del abstencionismo, recurrentes en cualquier artículo académico, análisis poselectoral y tesis de grado.
Esta elección estuvo plagada de desinformación y desconfianza. Por supuesto que la complejidad del proceso de arranque generó una gran bola de nieve de incertidumbre y contradicciones.
Pifias metodológicas, personas aspirantes borradas de las listas finales, personajes impulsados por grupos políticos y de interés, percepciones de simulación política, un mecanismo complejo para llenar la boleta, etc.
Me parece que las instituciones de gobierno y la autoridad electoral hicieron lo que les correspondía: manuales, simuladores, folletos, campañas de llamado al voto, cápsulas, programas especiales, entrevistas con expertos, etc. No bastó.
Al INE solo lo defiende el grupo político que lo necesita en alguna coyuntura. Y de tantas idas y vueltas entre defensas y ataques contradictorios, la autoridad electoral en México no goza de mucha confianza ciudadana.
Lo mismo pasa con los medios de comunicación, que generaron un ambiente de desconfianza y complejidad que amplificó el desinterés en la elección. Periodistas y medios que, lejos de explicar o sintetizar los mecanismos, se concentraron en la crítica y descalificación del proceso.
La desconexión del Pueblo bueno y sabio con el Poder Judicial
Creo firmemente que, gracias a Andrés Manuel López Obrador —luego de tres campañas y múltiples giras por cada rincón del país—, las personas de todas las condiciones sociales tuvieron mucha mayor claridad sobre la importancia y responsabilidad del Poder Ejecutivo. Recorrió la historia como ninguno y nos recordó una y otra vez lo que sus predecesores hicieron mal: sus agravios al Pueblo de México y sus robos.
Con trabajos —y aún con varios malos entendidos— la ciudadanía comprende las funciones del Poder Legislativo, las responsabilidades de las y los diputados y senadores, y gracias al trabajo de algunas y algunos de ellos en territorio durante la última década, se conoce un poco más de sus funciones. Aún se les cree gestores, proveedores de apoyos, benefactores.
Cuando se habla del Poder Judicial, el desconocimiento es mayor. Judicaturas, magistraturas, distritos, zonas, alcances… parecen términos sumamente ajenos a la población que no está directamente ligada al derecho y la impartición de justicia. Han sido décadas de una caja negra que apenas se ha abierto.
Un pendiente de las instituciones educativas de todo el país. Y una tarea que debería ser prioritaria para el Instituto de Formación Política del partido mayoritario, que parece mucho más concentrado en reivindicar a los conversos de otros partidos que en consolidar una formación de cuadros ciudadanos.
La elección del Poder Judicial fue compleja, pero necesaria. Es la primera en su estilo, y no la única. Queda mucho por hacer.
Hasta la próxima.
