Cuando en los 80 comenzó la pandemia por VIH, la suma de esfuerzos de todos los actores sociales se volvió necesaria; lo que volvió a pasar cuando tuvimos la crisis sanitaria por covid-19. Sin embargo, conforme el entendimiento de la transmisión por VIH y los tratamientos avanzaron el papel de estos actores para poder combatir al virus este también fue mutando. En ese punto, el activismo de diferentes ONG también pasó a ser un satélite a la estrategia fundamental.
La estrategia fundamental es informar y hacer pedagogía para que la gente sepa que la transmisión por VIH es prevenible en un 99% si se hace uso correcto de los métodos que lo hacen posible. Sin embargo, este activismo en algunos puntos empezó a tomar un papel preponderante como parte de la estrategia y dejó de lado el trabajo que corresponde al Estado. Esto en gran parte se debe a la hegemonía del neoliberalismo que coincidió emerger prácticamente a la par que el VIH.
Durante el neoliberalismo se buscó achicar al Estado en sus tareas, una de esas cuestiones fue justamente dejar que organizaciones de la sociedad civil hicieran el trabajo de comunicar, hacer diagnóstico y —sobre todo—atender a la gente que vive con VIH. Entre los intereses de las grandes farmacéuticas y esquemas de financiamiento con dinero del Estado para estas ONG, el tema se convirtió casi en un negocio.
Eso fue lo que se hizo por años en México con la lucha contra el VIH: contratar organizaciones, usar dinero público para financiarlas y crear un esquema que benefició a unos cuantos, pero no generó efectos reales sobre las metas ante ONUSIDA, planteadas para poder eliminar la transmisión de VIH. Sin embargo, cuando comenzó una recuperación por parte del gobierno en estos últimos años, estas organizaciones fueron heridas de muerte al quedarse sin el financiamiento que gozaron por años y entonces comenzó una disputa por tratar de recuperar a costa de lo que sea ese dinero público.
Así que su estrategia de estos años ha estado cimentada en buscar generar una narrativa de que el gobierno se dejó de interesar y ha llegado al desabasto de antirretrovirales con lo cual atenta contra la salud de las personas. Es tal la desesperación de los otrora protagonistas, que hasta han incendiado las oficinas de la directora de CENSIDA con tal de que ellos vuelvan a tener las prebendas de antes, pero afortunadamente ha habido una resistencia por parte de los expertos en el tema y una resistencia a este chantaje; pero no todos lo han entendido así.
Por ejemplo, la Clínica Condesa ha dado cabida a esa gente que no es experta ni cuenta con la preparación necesaria para ser el enlace con la instancia correspondiente para dar acompañamiento, diagnóstico y hasta tratamiento. La verdad es un despropósito que los directivos no hayan sido capaces de poner un alto a estas prácticas y contravengan a la política pública que se ha establecido por transformar la salud pública en el país. Desde permitir que amenacen servidores públicos, entreguen a libre demanda medicamento sin poderlo hacer e incluso con pruebas de falsificación de medicamento, se solapa que esta gente actúe con total impunidad. Ojalá rectifiquen y actúen en consecuencia.
