Querétaro ha sido históricamente un estado que presume su crecimiento, su modernidad y su capacidad de atraer inversiones. Los gobiernos panistas no han dejado de repetir, con discursos que ahí se vive mejor que en el resto del país. Pero detrás de esa narrativa de “progreso”, lo que se esconde es un modelo que privatiza, que excluye y que ahora con el proyecto de “El Batán”, pretende normalizar lo inaceptable: dar agua tratada a la gente.
El gobierno del PAN plantea que la ciudadanía consuma agua que no es potable, que no cumple con los estándares básicos de calidad y que en cualquier otra parte del mundo sería considerada indignante. Disfrazado de “eficiencia hídrica” y de “sustentabilidad” pero la realidad es otra, este proyecto refleja una visión clasista y peligrosa, donde el acceso a agua limpia depende de tu bolsillo y no de tu derecho.
El Batán es en esencia, un plan que divide a la población en dos: quienes pueden pagar agua de calidad y quienes tendrán que resignarse a recibir agua tratada. Porque hay que decirlo claro: el PAN no está planeando usar esa agua para las zonas residenciales de lujo o los parques industriales que tanto protegen, sino para las colonias populares y las comunidades que ya enfrentan la escasez diaria.
Se trata de un proyecto que normaliza la desigualdad. En lugar de invertir en infraestructura real para garantizar agua potable para todas y todos, buscan acostumbrarnos a la idea de que lo “razonable” es beber, cocinar y bañarse con agua reciclada. Pero ¿acaso en las colonias exclusivas de Querétaro se conectará El Batán? La respuesta es obvia.
El Batán se vende como si fuera una solución de vanguardia, una muestra de cómo Querétaro “innova” frente a la crisis hídrica. Pero en realidad es una salida fácil, que evita enfrentar el verdadero problema, la sobreexplotación del agua por parte de las grandes industrias, los fraccionamientos de lujo y los megaproyectos inmobiliarios que han secado manantiales y ríos.
Quieren hacer creer que es “moderno” reciclar agua y dársela a la población más necesitada. Pero en ningún país serio se plantea sustituir el acceso a agua potable por agua tratada. El derecho humano al agua no es negociable ni intercambiable , no se trata de rechazar la tecnología o el tratamiento del agua; se trata de que eso nunca puede ser un sustituto del derecho fundamental a agua limpia, segura y accesible para todos.
Detrás de este proyecto, hay intereses económicos claros. El Batán no está diseñado para resolver los problemas de agua de las comunidades, sino para abrir un mercado de privatización y dependencia. El discurso oficial habla de “eficiencia” y “sustentabilidad”, pero en los hechos, lo que se está consolidando es un modelo donde las familias tendrán que pagar por agua de calidad en garrafón, mientras en sus casas reciben agua que jamás beberían si tuvieran otra opción.
Lo que no dicen es que el agua potable seguirá destinándose a quienes consumen más: las fábricas, las inmobiliarias, los parques industriales. Lo que no dicen es que el costo de esta decisión será la salud de la gente, la dignidad de las familias y la normalización de que los más pobres deben conformarse con menos.
Aceptar “El Batán” sin cuestionar es aceptar que nuestro derecho al agua puede ser degradado. Es aceptar que los gobiernos panistas decidan quién merece agua limpia y quién no. Es aceptar que en Querétaro la modernidad es una excusa para disfrazar el abandono de la ciudadanía.
Esto no es progreso, no es justicia hídrica, esto es un engaño, un retroceso, una traición a la gente que ha sostenido con trabajo, con impuestos y con paciencia a un modelo político que ahora los relega a agua tratada.
La indignación no puede quedarse en la queja. El agua es vida y la vida no se negocia. Hoy es Querétaro con El Batán, pero mañana podría ser cualquier estado donde se intente imponer el mismo modelo.
La lucha por el agua no es nueva, pero El Batán la coloca en un punto crítico. O permitimos que nos arrebaten este derecho poco a poco, disfrazado de “modernidad”, o defendemos con firmeza la idea de que los derechos no se negocian. No se trata de ideología, se trata de dignidad.
Querétaro no merece agua sucia. México no merece gobiernos que pretendan que la desigualdad es sustentable. El Batán no es la solución: es el síntoma más claro de un gobierno que ha olvidado a la gente y ha decidido priorizar intereses privados por encima de derechos humanos.
La pregunta es sencilla y la respuesta debe ser contundente: ¿aceptaremos agua sucia para el Pueblo mientras las élites beben agua limpia?
