Una oportunidad para recuperar la ciudad
La gentrificación es una palabra que ya forma parte del lenguaje cotidiano en muchas ciudades del mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. Aunque desde algunos se presenta como un proceso “natural” de modernización, en realidad es una estrategia económica que beneficia a unos cuantos, mientras expulsa a miles. En el caso de nuestra ciudad, este fenómeno está estrechamente ligado a las prácticas del llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción entre autoridades, desarrolladores y gestores que ha convertido la vivienda en mercancía especulativa, dejando atrás cualquier noción de derecho a la ciudad.
Pero ¿qué significa gentrificación? Es el desplazamiento de poblaciones de menores ingresos —habitualmente familias, adultos mayores y comercio local— por desarrollos de lujo, rentas elevadas y servicios pensados para atraer a una clase media y alta. Donde antes había tienditas, papelerías y negocios, aparecen cafeterías de especialidad, boutiques, estudios para hacer ejercicio en el que solo te hablan inglés, y Airbnbs. El problema no es que existan estos negocios, sino que llegan acompañados de aumentos exponenciales en el costo de vida, contratos de renta que se disparan y, finalmente, el éxodo de quienes han habitado históricamente esas colonias.
En Benito Juárez, por ejemplo, esta dinámica no solo ha sido permitida, sino fomentada. Bajo las administraciones panistas, encabezadas por personajes como Santiago Taboada, la demarcación se convirtió en un laboratorio del cártel inmobiliario. Solo entre 2018 y 2024, se registraron más de 650 manifestaciones de construcción tipo A, B y C, muchas de ellas con irregularidades. Es decir, se levantaron edificios enteros sin respetar normas de uso de suelo, alturas máximas o densidad poblacional. ¿El resultado? Más pisos, más departamentos de lujo y menos servicios públicos para sostenerlos.
Frente a este panorama, el anuncio del Bando 1 por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, es un primer paso que merece atención. Este Bando no es solamente un decreto simbólico: busca detener la sangría social que provoca la gentrificación, regulando el uso de suelo, limitando nuevos desarrollos en zonas de tensión, protegiendo el comercio local y promoviendo foros de discusión con vecinos y vecinas. El enfoque es claro: no se trata de prohibir el desarrollo urbano, sino de garantizar que sea justo, equitativo y compatible con el tejido social existente.
Una de las claves del Bando 1 es su carácter participativo. Las mesas de trabajo abiertas, que ya comenzaron a instalarse, recogerán propuestas directamente de quienes habitan las colonias afectadas. Esto rompe con la lógica tradicional donde los grandes desarrollos se negocian en oficinas cerradas, sin transparencia ni consulta. Además, el Bando incluye medidas para contener el avance desmedido de plataformas como Airbnb, que han multiplicado el costo de la vivienda al transformar hogares en alojamientos temporales de lujo.
Por supuesto, estas medidas ya han despertado críticas, principalmente de los alcaldes vinculados al partido del cártel inmobiliario bajo el argumento de la inversión, pero que su modus operandi no ha mostrado más que ser un saqueo institucionalizado. Un modelo que privilegia a unos cuantos empresarios y funcionarios, a costa de la expulsión masiva de quienes construyeron la ciudad con su trabajo diario.
El debate que se abre con el Bando 1 es, en el fondo, una disputa por el modelo de ciudad que queremos. ¿Una ciudad excluyente, pensada solo para quienes la pueden pagar o una ciudad para todas y todos, donde vivir dignamente no sea un privilegio? La gentrificación no es inevitable, y enfrentarla no significa oponerse al cambio, sino decidir qué tipo de cambio queremos. El Bando 1 es una oportunidad para repensar colectivamente nuestra relación con el espacio urbano y recuperar el sentido común: que la ciudad es, antes que un negocio, un lugar para vivir.
