Dicen por ahí que el problema no es solo Javier Milei, sino todo lo que él representa: el neoliberalismo como praxis económica, la lógica de la expropiación de lo público, la privatización de las ganancias, etcétera. Todo esto ha estado llevando dolor al Pueblo argentino.
En julio de 2025, el Gobierno del presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, mediante el cual transfiere el 90% de las acciones de la empresa AySA (paraestatal argentina que administra el agua de los argentinos), y el otro 10% queda a disposición de licitación para inversionistas privados.
De acuerdo con el comunicado, el gobierno argentino busca “modernizar el sector”. Vale la pena decir que existen precedentes históricos fallidos. En los noventa (1991-1999), con Carlos Menem, se privatizaron los servicios de agua y saneamiento en varias provincias mediante concesiones que fueron rescindidas entre 2001 y 2006.
No obstante, la justificación fue “la vieja confiable”, aludir a una ineficiencia de AySA, como si fue un pozo fétido, que ha servido como cultivo de corrupción de gobiernos anteriores, pero a todo esto ¿quién será el que se lleve ese 90%?
Israel administrará el agua de los argentinos
MEKOROT (Israel National Water Co.) será la empresa pública sionista, que administre el agua de los argentinos, la misma que administra el agua en Gaza. Esta ya ha firmado “acuerdos de cooperación” con ya al menos siete provincias argentinas (San Juan, Mendoza, Río Negro, Catamarca, La Rioja, Formosa y Santa Cruz)
Lo malo de todo, es el atropello al derecho humano al agua, púes de entrada el poder adquisitivo de los argentinos cada vez es más gravoso, y esto augura encarecimiento en sus tarifas.
La preocupación desde luego es legítima, la ONU en el año 2010 reconoció el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano esencial, y en casos como este, cuando se privatiza, el acceso queda sujeto a criterios de rentabilidad, lo que puede ser excluyente para muchas familias argentinas, en lugar de garantizar el agua universal.
Pero ¿cuán incapaz se considera Milei para decidir sobre este recurso natural estratégico? Los argumentos fueron que el Estado gasta miles de millones en subsidios a AySA, y en consecuencia privatizar su administración le reduce costos al estado, prometiendo a la población “acceso y tarifas justas”, lo cual es de dudar, pues la probabilidad de un aumento sustancial por falta de control estatal directo es alta.
En fin, privatizar servicios esenciales como el suministro de agua, sin fortalecer el rol del Estado como regulador principal, puede convertir un derecho en un privilegio.
