Pluma Patriótica

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Armonizaciones legislativas para fortalecer la ciberseguridad del Estado Mexicano

De acuerdo con nuestra Constitución, en su artículo 89 fracción sexta, preservar la seguridad nacional es una responsabilidad del Titular del Poder Ejecutivo, facultad presidencial que cada vez enfrenta nuevos desafíos ante el avance tecnológico propio del siglo XXI en manos de la delincuencia organizada.

Según el Reporte Global de Riesgos 2020, los ciberataques están dentro de los diez riesgos de seguridad a largo plazo, por tener el potencial para desestabilizar los estados y el comercio mundial. Asimismo, el Reporte indica que la falta de un marco de gobernanza global para la tecnología corre el riesgo de desacelerar el crecimiento económico, agravar las rivalidades entre estados y ampliar las divisiones dentro de las sociedades, lo que demuestra que las vulnerabilidades en el ciberespacio no solo pueden desestabilizar el Estado de Derecho interno, sino también causar conflictos geopolíticos entre varias naciones.

México no es el único país que tiene un rezago legislativo en materia de ciberseguridad. Anteriormente se hicieron esfuerzos con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la Estrategia Digital Nacional que no fueron ideales para enfrentar esta grave amenaza. A nivel internacional, fuera del Convenio de Budapest sobre la delincuencia —el cual México no ha firmado—, y el Manual de Tallin, no hay legislación global sólida para enfrentar la ciberdelincuencia. El problema de una falta de legislación sucede porque aun no se establece una solución ante el problema de la jurisdicción de los delitos cibernéticos: un ciberataque puede provenir desde la dirección IP triangulada desde un país africano, puesto en marcha por un ciudadano europeo, atacando una instalación de petróleo en medio oriente, o robando datos en Singapur. En la Internet todo puede pasar, y no sabemos por quién.

En México, los ciberataques son asuntos de todos los días: el robo de identidad es el principal riesgo que puede afectar a todo ciudadano que proyecte su identidad en plataformas digitales como las redes sociales, o bien, usado para sustraer su patrimonio financiero. Para el Estado Mexicano los riesgos son incluso mayores, pues cabe recordar dos episodios recientes, entre ellos, en noviembre de 2019 a Petróleos Mexicanos, que recibió un ciberataque que secuestró información reservada para demandar un pago de 5 millones de dólares el cual no fue pagado y por lo tanto, dicha información fue publicada en línea el 24 de febrero, apenas hace unos días, justo cuando el mismo día la Secretaría de Economía recibió un ataque electrónico que provocó un colapso en el sistema de trámites a su cargo también por ransomware o secuestro de datos. Todos estos son ataques a las instituciones que minan el desarrollo y la seguridad nacionales.

Por ello, existe la necesidad de generarse una Ley de Ciberseguridad que puede ser la normativa que perciba al ciberespacio como una extensión de la soberanía nacional, y que identifique la infraestructura crítica de telecomunicaciones, radiodifusión e Internet como bienes de interés público para la seguridad nacional.

Pero hay que considerar que con la redacción de dicha Ley no acabaría la regulación necesaria sobre la ciberseguridad en México, pues se requieren armonizaciones legislativas complementarias al derecho interno mexicano para alinear la ciberseguridad como herramienta del Ejecutivo Federal para preservar la Seguridad Nacional, conforme lo dispuesto en la Constitución. Dichas modificaciones legislativas deben vislumbrarse con fines de generar una coordinación de las instancias del Estado Mexicano en materia de ciberseguridad, que otorguen atribuciones y obligaciones específicas.

Entre ellas, se requiere de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para incorporar en su artículo quinto, los elementos de actualidad que identifiquen a la ciberdelincuencia como una amenaza a la seguridad nacional, a partir de la complejidad y sofisticación de los riesgos y amenazas que ocurren en el ciberespacio.

También se necesita armonizar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incorporar responsabilidades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como designar sujetos obligados en los concesionarios de telecomunicaciones y autorizados para colaborar con la justicia a fin de combatir el uso malicioso de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o de amenazas a la seguridad nacional.

Asimismo, se requiere incorporar la defensa del ciberespacio a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Si bien los antagonismos que suceden en el ciberespacio no son exclusivos de una sola autoridad obligada, debido a la interacción interdependiente, sí es requerido el involucramiento, colaboración y conocimiento de los riesgos y amenazas del ciberespacio por parte de las Fuerzas Armadas, para conformar estrategias de protección a infraestructuras del Estado Mexicano, así como a los sujetos y bienes jurídicos a proteger, y con ello mitigar efectos y propagación de los ciberataques.

Al respecto, se conoce que el Ejército Mexicano y la Armada de México son las instituciones más avanzadas en el combate a la ciberdelincuencia. En junio de 2016 se creó el Centro de Operaciones del Ciberespacio en la Secretaría de la Defensa Nacional, con la misión de planear, coordinar, dirigir y ejecutar esfuerzos para identificar amenazas provenientes del ciberespacio y mitigar sus efectos. Y de igual forma, en la Armada de México se creó en marzo del 2017 la Unidad de Ciberseguridad, cuya misión es planear, conducir, ejecutar actividades de seguridad de la información y ciberseguridad. A lo anterior, hay que agregar la División Científica de la Policía Federal, ahora parte de la Guardia Nacional. Estos Centros pueden ser tomados en cuenta por una Ley de Ciberseguridad para fortalecer las capacidades del Estado Mexicano que logren hacer frente a la ciberdelincuencia.

Por último, se requiere que en la redacción de una Ley de Ciberseguridad se añadan atribuciones a la Fiscalía General de la República, pues la ciberseguridad del Estado Mexicano debe vislumbrarse alineada al cumplimiento del ordenamiento constitucional que corresponde a la investigación y procuración de delitos del orden público y federal. Por ello es requerido facultar a la Fiscalía como autoridad competente para perseguir, consignar e investigar conductas consideradas como delitos cibernéticos, e iniciar la procuración de justicia correspondiente. Aunado a lo anterior, también deben tipificarse los delitos relacionados con la ciberdelincuencia en el Código Penal Federal.

México debe fortalecer sus capacidades institucionales para combatir la perpetración de delitos cibernéticos que ponen en peligro la identidad digital de los ciudadanos, así como los sistemas de información, los algoritmos que los mueven, las bases de datos electorales, fiscales, vehiculares o policiales de los ciudadanos mexicanos, la información de seguridad nacional o los activos financieros que preservan la estabilidad de la salud financiera o de la economía nacional.

Existen muchos sujetos y bienes tutelares a proteger y aún no se cuenta con la normatividad requerida para que se protejan a los ciudadanos e instituciones en las continuas afectaciones cibernéticas. Ante ello, urge generar una Ley de Ciberseguridad junto con una armonización legislativa congruente con las necesidades de ciberseguridad en el país.

Esta es la nueva realidad que exige una actualización legislativa y tecnológica de la seguridad de México en el siglo XXI.

María De Haas Matamoros. Especialista en Seguridad. Tiene estudios de posgrado en Seguridad internacional, nacional e interior. Actualmente es candidata a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac México.

Twitter: @Maria_De_Haas

contacto@mariadehaas.com

Instagram @Maria.De.Haas

www.mariadehaas.com

 

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