El derecho a votar y ser votado constituye una de las garantías esenciales del sistema constitucional mexicano. El artículo 35 de la Constitución reconoce esta prerrogativa como un derecho político fundamental que no solo habilita la participación ciudadana, sino que obliga a los actores políticos a pensar estratégicamente el futuro del poder público. De ahí la relevancia de anticipar la composición de la Cámara de Diputados, tanto federal como locales, y de construir mayorías legislativas que permitan reproducir ese mismo resultado en los municipios más importantes y poblados del país, donde se define buena parte de la gobernabilidad, la asignación presupuestal y la orientación de las políticas públicas.
En ese contexto, el ejercicio de afiliación partidista que supera los diez millones de militantes es titánico y excepcional a escala internacional. No existe antecedente comparable en términos de organización política contemporánea. Sin embargo, la afiliación no equivale automáticamente a votos. Convertir esa fuerza numérica en respaldo electoral efectivo y sostenido será un reto de liderazgo, estructura territorial y arraigo social. La militancia debe traducirse en convicción, movilización y defensa del proyecto en cada comunidad.
Al único partido político al que he pertenecido es a Morena, como millones de mexicanas y mexicanos. Esa militancia responde a una convicción clara: seguir blindando al país frente al avance de la ultraderecha, que en América Latina ha dejado de ser marginal para convertirse en una opción de poder real. Argentina fue un ejemplo reciente y Chile lo confirma hoy con contundencia.
En la elección presidencial chilena más reciente, el triunfo de la derecha fue claro e inobjetable. José Antonio Kast Rist, líder del Partido Republicano, obtuvo aproximadamente 58.2 % de los votos, frente al 41.8 % de su contendiente, consolidándose como presidente electo de Chile. La diferencia no solo fue numérica, sino simbólica: se trata del resultado más amplio obtenido por un proyecto de derecha dura desde el retorno a la democracia en 1990. Este desenlace refleja un profundo malestar social, una percepción extendida de inseguridad, crisis migratoria, desgaste institucional y desconfianza hacia las fuerzas progresistas que no lograron cumplir las expectativas generadas en el ciclo político anterior.
El caso chileno demuestra que la ultraderecha no avanza únicamente por adhesión ideológica, sino por la capacidad de capitalizar el miedo, el enojo y la frustración social. Su discurso, aunque simplificador, conecta con amplios sectores que demandan orden, certidumbre y respuestas inmediatas. Ignorar estas señales sería un error estratégico para cualquier fuerza política de izquierda o progresista en la región.
México no está aislado de este fenómeno. Con el respaldo de la derecha internacional, los sectores conservadores ya se preparan para disputar con mayor agresividad las elecciones intermedias y proyectarse hacia 2030. Frente a ese escenario, nadie sobra. Se requiere mayor pragmatismo, objetividad y capacidad de cohesión interna, sin abandonar el horizonte ideológico ni los principios que dieron origen al movimiento. La política es, ante todo, construcción de mayorías reales, no solo discursivas.
Hoy, todas las encuestas colocan a Morena como la fuerza política predominante a nivel nacional. El reto es que esa ventaja demoscópica se refleje en las urnas en 2027 y se consolide en 2030. La experiencia latinoamericana es clara: las mayorías no son permanentes ni automáticas. Se construyen, se defienden y se renuevan día con día. Mientras la derecha avanza de forma contundente en Chile, en México Morena tiene la responsabilidad histórica de fortalecerse, no solo para ganar elecciones, sino para sostener un proyecto de país con estabilidad, legitimidad social y justicia.
