Este viernes, El Salvador estaba en vísperas de una elección presidencial histórica, marcada por la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele, a quien las encuestadoras le otorgaban un posible de más del 75% de los votos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló la participación de Bukele en las elecciones del 4 de febrero de 2024, a pesar de las controversias legales y las críticas que señalan un retroceso democrático en el país.
Eel actual presidente salvadoreño goza de una alta popularidad entre la población salvadoreña, con índices de aprobación que rondan el 80%. Su gestión se ha caracterizado por una fuerte apuesta por la seguridad pública, con la implementación del Plan Control Territorial que ha logrado una significativa reducción de la delincuencia.
Sin embargo, su gobierno también ha sido objeto de críticas por el debilitamiento de las instituciones democráticas, la restricción de las libertades civiles y la falta de transparencia.
La decisión del TSE de avalar su candidatura a la reelección ha intensificado estas críticas, ya que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero una resolución habilitó la candidatura de Bukele.
Sus partidarios argumentan que la Constitución no puede ser interpretada de forma retroactiva y que el Pueblo salvadoreño tiene derecho a elegir a sus líderes. Además, señalan que la reelección garantizaría la continuidad de sus políticas exitosas.
Por otro lado, los detractores consideran que su reelección viola la Constitución y consolida un régimen autoritario. Argumentan que el TSE ha actuado bajo la presión del gobierno y que la candidatura de Bukele es una amenaza para la democracia salvadoreña.
La reelección de Nayib Bukele tendrá un impacto negativo en la democracia salvadoreña y también hacer retroceder el avance democrático en la región.
Algunos señalan que podría debilitar aún más las instituciones democráticas salvadoreñas, aumentar la concentración de poder en el Ejecutivo y restringir las libertades civiles.
Las elecciones de 2024 se celebraron en un contexto de polarización política, los principales opositores del gobierno se encontraban fragmentados y sin un liderazgo claro. Esto facilitó la victoria de Nayib Bukele y consolidó su control sobre el país.
Durante el primer mandato de Bukele, se observó un debilitamiento de las instituciones democráticas, como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Estas instituciones se han visto cooptadas por el oficialismo, lo que ha limitado su capacidad para controlar al Ejecutivo. Hubo además restricción de las libertades civiles, como la libertad de expresión y la libertad de reunión. Se produjeron ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, y se han aprobado leyes que limitan la participación ciudadana.
La sociedad salvadoreña se encuentra profundamente polarizada. Los partidarios de Bukele lo apoyan fervientemente, mientras que sus detractores lo consideran un dictador en ciernes.
Esta polarización dificulta el diálogo político y la búsqueda de soluciones a los problemas del país. La economía salvadoreña, sin embargo, ha experimentado un crecimiento moderado.
La reelección de Bukele podría marcar un punto de inflexión hacia un régimen autoritario o hacia la consolidación de la democracia.
