Por: Carlos A. Romero Arreola
La historia está sujeta a ser reinterpretada en el devenir del tiempo. Los enfoques, apreciaciones y el estudio científico de los procesos puede modificar nuestra percepción sobre los hechos; pero el revisionismo no modifica los acontecimientos ni reescribe retrospectivamente el hilo del pasado que nos conduce al presente y delinea el devenir. Cabe preguntarse entonces ¿puede ser cambiada la historia? ¿Pueden los actos del presente cambiar el curso de las cosas? En definitiva, el pasado no puede ser modificado, pero sin duda, lo que hagamos hoy puede abrirnos un horizonte de posibilidades a un futuro mejor.
Sin embargo, es preciso establecer que aprender del pasado no es suficiente cuando se trata de no repetir sus errores, máxime cuando hay heridas abiertas y deudas que deben ser saldadas para fijar en el presente un nuevo piso desde el cual edificar el próximo capítulo de la historia que estamos por escribir.
En el caso de América Latina y específicamente de México, los gobiernos autoritarios apoyados por E.E. U.U. recibieron amplio financiamiento y entrenamiento bajo la consigna de frenar el avance del comunismo en la región, destinado sin escatimar recursos humanos y materiales a la persecución, tortura y desaparición de amplios sectores de la disidencia política, aunque no fuera comunista.
El clamor de miles por aclarar y perseguir estos crímenes se convirtió en una deuda que, a la caída de los regímenes y tras la instauración de la democracia, presentó la oportunidad sustantiva para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la sistematización de actos violatorios de derechos humanos cometidos por el Estado. Este proceso es conocido como justicia transicional, concepto que explica la necesidad transversal de saldar una deuda histórica atendiendo su visibilización, reconocimiento, perdón, resarcimiento, persecución de los culpables, combate a la impunidad y sienta un precedente para la no repetición de los crímenes.
Desde la década de los 80 y 90, se emprendieron importantes esfuerzos de justicia transicional en América Latina, con ejemplos como Brasil, Chile, Argentina, Guatemala y el Salvador, donde se establecieron Comisiones de la Verdad y políticas encaminadas a saldar las deudas históricas de sus conflictos armados, guerras sucias y gobiernos autoritarios. Otros países, como Colombia y Perú, tuvieron que esperar al nuevo milenio para emprender esfuerzos similares.
En el caso de México, alternancia del año 2000 vino acompañada de la promesa para una transición democrática y la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del viejo régimen; en 2002 se creó Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) dependiente de la PGR, que se encargó de la redacción de un informe coordinado por José Sotelo Marbán a la cabeza de la Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica bajo el título ¡Que no vuelva a suceder!. Ante el documento, los investigadores de la Comisión fueron removidos de su encargo y el informe no fue publicado, sino que fue conocido gracias a una filtración en el portal de la Universidad de George Washington.
Después de la filtración, la PGR publicó el Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana en 2006 y se disolvió la Fiscalía en 2007. Fueron indiciados 532 personas entre las que destaca el expresidente Luis Echeverría (exonerado en 2009). El alcance y sustantividad de la Fiscalía fueron simbólicos, por no decir pantomímicos.
Al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la Cuarta Transformación ha hecho un marcado énfasis en el proceso histórico como la urdimbre viva de nuestra realidad actual y su vinculación necesaria con lo que se construye hacia el futuro, desde una visión consciente, crítica y reconciliadora. En materia de justicia transicional han de reconocerse los esfuerzos que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Director General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos para consolidación de las políticas y acciones sustantivas para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación.
Recién asumida la presidencia, Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en la que no solo participan autoridades del gobierno federal, sino también familiares de los 43 normalistas y representantes de Organizaciones Civiles.
En octubre de 2021 se decretó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 a la que se integran, además de funcionarios públicos, cinco personas del ámbito académico y el activismo en pro de los derechos humanos.
La implementación del Programa Nacional de Búsqueda con búsquedas en más de 519 sitios, la identificación de más de 800 fosas clandestinas, la exhumación de más de mil cuerpos, la identificación de más de 400 y la entrega de los restos a más de 240 familias.
Sigue en parte 2…
@cromeroarreola
Politólogo, Profesor de la UAEMex, Latinoamericanista, 2660 MSNM.
