Esta columna empezará contándoles la anécdota que la motivó. Resulta que una noche de la semana pasada, salí caminando a la panadería, pasaditas las 9 pm; de pronto, a unos pasos de entrar al local, me topé con una jovencita -no mayor a 20 años- quien discutía con un hombre –también joven- a quien le decía de manera rogada: “Fulanito, ya vete pa’ la casa, por favor ya vete, te doy diez pesos, pero vete…” (mientras tanto, él, con la mirada perdida, no parecía escucharla, y además salivaba a chorros, sin verdadera intención de escupir). Finalmente ella expresó: “Fulanito ¿no quieres que te vuelvan a anexar verdad? Toma dinero y vete…”.
De manera inmediata ella se metió a atenderme, y estaba notoriamente incómoda, hasta preocupada, como pensando que dicha situación le fuera a generar un problema en el trabajo. Inmediato me despachó con una sonrisa y continuó sus labores. Eso me dejó pensativa, sobre cómo el día a día de tantas chicas, está lleno de batallas, las cuáles, a veces deben luchas solas; por ello, le dedico un reconocimiento a una idea, que surgió con sensibilidad verídica, entre y para mujeres.
Actualmente en nuestro país, hablar de la “Cartilla de Derechos de las Mujeres” debe reconducirnos a una idea: un México que avanza cuando pone a las personas en el centro de las decisiones y entiende que la justicia social no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana de un buen gobierno.
Este instrumento parte de una convicción clara: no puede haber transformación sin igualdad, ni bienestar verdadero mientras niñas y adultas sigan viviendo violencia, discriminación o exclusión.
Durante muchos años, los derechos de “ellas” estuvieron escritos en las leyes, pero lejano a materializarse en la vida diaria de millones de nosotras. La desigualdad persistió no por falta de normas, sino por la distancia entre el Estado y la realidad social. Estoy convencida que la cartilla surge para cerrar esa brecha. Su fortaleza surge de hablar claro, acercando el derecho -en lenguaje sencillo- a las comunidades, a los hogares, a los espacios de trabajo y de estudio. Porque las prerrogativas solo se ejercen cuando se conocen.
Desde una visión de justicia social, la cartilla reconoce que las desigualdades de género no son hechos aislados, sino parte de un problema estructural. Nombrar las violencias —física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica— es un acto de responsabilidad pública. Significa decir que ninguna forma de violencia es normal, que ninguna agresión es privada y que el Estado tiene la obligación de actuar con sensibilidad, prontitud y perspectiva de género.
La Cartilla de Derechos de las Mujeres también deja un mensaje contundente: los derechos no son privilegios ni favores, son garantías que el Estado debe hacer efectivas, a través del humanismo social que hoy guía la vida pública, esto implica instituciones cercanas, que escuchen, acompañen y respondan. La justicia no tiene que ser un trámite lejano, sino una herramienta al servicio de quienes más la necesitan.
Un elemento central del documento es su enfoque interseccional. Reconoce que no todas las féminas viven las mismas circunstancias ni enfrentan las mismas barreras. Mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, trabajadoras, con discapacidad, jóvenes, adultas mayores y de la diversidad sexual, asumen realidades distintas que exigen respuestas acordes al contexto particular. Atender estas diferencias no divide; al contrario, fortalece la igualdad sustantiva.
La difusión de la cartilla en comunidades, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos es una apuesta por la organización y la conciencia colectiva. Una mujer informada contará con más autonomía; una comunidad que apuesta por fomentar el conocimiento tiende a ser más justa, porque se involucra y, a su vez, se solidariza. Desde mi perspectiva, es ahí donde surge la fuerza transformadora: convertir la información en poder social y la paridad en una práctica diaria.
La transformación del país no se construye solo partiendo de las instituciones, sino desde abajo, con la participación de la gente. Colocarnos a todas en el centro de las políticas públicas no es un gesto simbólico, es una condición indispensable para el bienestar colectivo. Porque cuando todas podamos vivir libres de violencia y con acceso pleno a nuestros derechos, elevaremos la calidad de vida, y consecuentemente los propósitos de vida.
Este documento, que resumió 15 derechos, es una herramienta para el pueblo. Nos recuerda que la justicia social se edifica con derechos garantizados, con información accesible e igualdad sustantiva. Recordemos que el progreso no solo es económico, político o profesional, también implica que haya dignidad, seguridad y libertad para todas y todos.
