En México, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana de él y se instituye para su beneficio. Esta soberanía se ejerce a través de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cada uno con funciones y estructuras específicas garantizan el equilibrio del Estado.
En este esquema, el Poder Judicial de la Federación cumple un papel fundamental, ya que es el encargado de proteger y garantizar los derechos humanos, así como de resolver los conflictos legales entre ciudadanos, y entre estos y el Estado. Lo hace mediante la interpretación y aplicación de las leyes nacionales y, cuando corresponde, de los tratados internacionales suscritos por México.
Además de impartir justicia, el Poder Judicial actúa como un contrapeso clave frente a los otros poderes del Estado, lo que le permite mantener la legalidad, la paz social y la vigencia del orden constitucional en el país.
A pesar de la alta encomienda de impartir justicia que recae en el Poder Judicial de la Federación, su legitimidad se ha visto seriamente cuestionada en los últimos años. Escándalos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias han mermado sustancialmente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pues históricamente se ha considerado que la justicia no ha sido igualitaria en México, sino que con ella se ha favorecido principalmente a ciertos grupos con mayor influencia económica o política.
Bajo esta premisa, muchas personas juzgadoras cegadas por la ambición olvidaron el verdadero sentido de la función que tienen encomendada, pues ajenos a la realidad que enfrentan millones de familias trabajadoras mexicanas, únicamente se dedicaron a velar por sus intereses personales y los de sus allegados, a pesar de que esto en muchas ocasiones ha significado injusticias para los menos favorecidos.
En este sentido, la próxima elección judicial es una oportunidad sin precedentes para dar un giro radical a la manera en que hasta la fecha ha venido funcionando el Poder Judicial en nuestro país, pues la ciudadanía por primera vez en la historia de México tendrá la posibilidad de asegurar que las personas juzgadoras mantengan cercanía con el pueblo, que conozcan las demandas y las preocupaciones que lo embargan, y además, sean conscientes de que sobre sus hombros recae la obligación de salvaguardar los derechos de las familias mexicanas que depositaron su confianza y sus esperanzas al votarlos.
Este primero de junio, es obligación de todas y todos participar en este proceso electoral, así como de invitar y, a su vez, concientizar a nuestras familias y amigos de la trascendencia que tiene su participación en dicho ejercicio. Es momento de demostrar que el pueblo mexicano desea una transformación de raíz en el país, es tiempo de llamar a la unidad y probar que los mexicanos somos mucha pieza y que en México el único que decide es el pueblo, que atrás quedaron los tiempos neoliberales en que la oligarquía de los más ricos decidía el futuro del país, tomando decisiones a diestra y siniestra con el objetivo de beneficiarse a sí mismos sin importar que en la mayoría de las ocasiones esto fuese en perjuicio de los más pobres.
Esta elección judicial asegurará que la justicia ya no esté en manos de unos cuantos. De ahí la relevancia de que la ciudadanía se encuentre plenamente informada de los perfiles y propuestas de las personas que aspiran a integrar el nuevo Poder Judicial de México. Un nuevo Poder Judicial únicamente será posible con la participación de todas y todos, este primero de junio participa, ejerce tu derecho al voto, y haz oír tu voz.
