Por: Román Meyer Falcón
El pasado 12 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-004-SEDATU-2023 “Estructura y diseño para vías urbanas. Especificaciones y aplicación”, que es la primera regulación de carácter obligatorio para el diseño de las calles de nuestras ciudades. Su creación partió de una demanda de muchos años de personas especialistas, servidoras públicas y activistas de la sociedad civil para tener una movilidad centrada en la circulación de personas peatonas.
Es un cambio significativo en la forma en que se planifican las calles en nuestras urbes, pues antes la normatividad al respecto estaba dedicada a las carreteras, que sirven casi exclusivamente para el tránsito de vehículos automotores. Más aún, en la práctica, la falta de planeación urbana y el modelo económico dominante de los últimos 50 años, fomentó la creación de vías para el uso intensivo del automóvil privado por encima de personas peatonas, ciclistas y usuarias del transporte público.
Esta visión dio como resultado infraestructuras marginan a una gran parte de la población y que perpetúan modelos de desarrollo insostenibles. Las consecuencias son visibles: desde banquetas estrechas y poco accesibles hasta una falta casi total de infraestructura ciclista, lo que compromete la seguridad y calidad de vida de las y los ciudadanos. En las últimas décadas, aumentó la congestión vial, subieron los niveles de contaminación y creció el número de siniestros de tránsito. Esto último, cabe mencionar, es una de las principales causas de muerte, traumatismos y generadores de altos costos de salud, económicos y sociales: de acuerdo con los últimos datos disponibles de INEGI, en 2022, hubo 377,232 accidentes de tránsito, en los que hubo 5,181 personas muertas y 91,501 lesionadas.
Así pues, la NOM tiene un objetivo claro: establecer criterios para distribuir las calles de manera más justa y, por lo tanto, hacerlas más seguras e incluyentes; cumpliendo con la jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV), la cual pone como prioridad la infraestructura peatonal, la de vehículos no motorizados y transporte público. En esa misma línea, la norma considera en todo momento, las necesidades de desplazamiento de la población con discapacidad o movilidad limitada, infancias, mujeres y personas adultas mayores.
Entre los estándares establecidos están, por ejemplo, que las banquetas deben tener un ancho mínimo de 1.80 m. y que las rampas en ellas no pueden tener una pendiente mayor a 5%. Se regula también el ancho óptimo de las ciclovías, —que debe ser de 2.20m—; el diseño de zonas con velocidades máximas de circulación de 20 y 30 km donde se requiera; áreas de ascenso y descenso de pasajeros y el ancho de carriles para vehículos motorizados —2.70 m para las vías primarias y 2.50 m para las secundarias y terciarias—, lo cual tiene como fin disminuir la velocidad. Más aún, se dejan de promover como soluciones a problemas urbanos, infraestructuras que van en contra del derecho humano a la movilidad, como la construcción de pasos a desnivel tanto peatonales como vehiculares.
Esta NOM recientemente publicada es un paso entre muchos que faltan para lograr cambios reales en nuestras ciudades y busca llevar a la práctica el derecho a la movilidad consagrado en nuestra Constitución desde el año 2020.
No obstante, hay que dejar en claro que también se corre el riesgo, como sucede a menudo en nuestro país, de que muchas de sus disposiciones se conviertan en letra muerta. En ese sentido, hago un llamado a que todas y todos, busquemos su implementación: si todas las partes del Estado mexicano, desde los gobiernos, hasta los medios de comunicación, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, pasando por las personas ciudadanas “de a pie”, nos damos a la tarea de conocer el instrumento, debatirlo y promoverlo, la tarea será más fácil.
Para concluir, quiero señalar que la aplicación de la norma será oficialmente obligatoria a partir del 11 de junio para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucrados en proyectos de vías urbanas, existentes o nuevas, desde el diseño hasta la ejecución. No obstante, desde ahora, las puertas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) están abiertas para compartir saberes y experiencias y, de esa manera, asesorar y contribuir en la supervisión de los proyectos que surgirán en las administraciones municipales y estatales. Así pues, tenemos mucho trabajo por hacer, pero no queda duda de que hay motivos suficientes para pensar que, más pronto que tarde, nuestras ciudades serán más justas, incluyentes, democráticas y seguras.
@MeyerFalcon
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
