Con el registro formal de las tres candidaturas a la presidencia de México y a días de que comience oficialmente el periodo de campaña electoral, debe iniciar también un ejercicio serio y objetivo de evaluación y contraste entre los perfiles, prospectivas y propuestas de quienes aspiran a la titularidad del ejecutivo federal. Es el propósito de estas líneas comenzar con esta tarea en un tema que me interesa por ser parte de los cinco millones de personas ―cifra que arroja la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, equivalente al 5.1 % de la población mexicana mayor de quince años― que nos autoidentificamos con una orientación sexual y/o de género LGBTI+.
Históricamente, la agenda por los derechos de la población de la diversidad sexual no representa un tópico atractivo para tratar durante las campañas electorales. Las personas que aspiran a un cargo de elección popular no suelen tener posicionamientos claros, no se diga propuestas concretas; recurren a lugares comunes, frases trilladas o salidas fáciles cuando son confrontados al respecto. Hasta no hace mucho, quien apoyaba públicamente esta agenda incurría en un costo político impuesto por grupos conservadores armados con toda clase de argumentos falaces y retrógradas.
Con la creciente visibilidad y participación de activistas, militantes, personas ciudadanas LGBTI+ y aliadas, se ha traspasado el costo político a las indefiniciones y a las posturas contrarias a nuestros intereses. A su vez, los avances institucionales en la materia han puesto límites a los discursos y propuestas que representen una regresión en los derechos ganados. Como colectivo ―honestamente, como sociedad―, es un triunfo que en este primer cuarto del siglo XXI hayamos proscrito una candidatura abiertamente antiderechos como la enarbolada por Eduardo Verástegui. Pero ¿Qué representan para la diversidad sexogenérica los perfiles que sí contenderán por la titularidad del ejecutivo?
De las candidaturas de oposición se puede presumir, con mayor o menor rigor argumentativo, en términos generales y someros, su apoyo a la diversidad. En el variopinto pasado de Álvarez Máynez se encontrarán iniciativas y exhortos legislativos formulados a favor del matrimonio igualitario, mientras que Gálvez Ruiz tendrá en su quimérico discurso un par de declaraciones favorables ―que bien podría negar a conveniencia, como hizo con su postura sobre el aborto―. Ambos podrán colgarse de sus vínculos, pretéritos o presentes, con la tradición progresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ―tan extinta como el propio instituto político―, y congraciarse con sus guiños forzados y parafernalia simbólica que han tenido hacia la población LGBTI+.
Aún cuando pretendan mostrarse, a título personal, como aliados de la diversidad, pertenecen a partidos políticos que, en el mejor de los casos, instrumentalizan a la población LGBTI+ para dar una imagen moderna y progresista, cuando no siguen siendo un estorbo en la lucha por nuestros derechos. Basta mencionar que ―para sorpresa de nadie― el Partido Acción Nacional en Guanajuato impugnará la resolución del Tribunal Electoral de ese estado que ordena a todos los partidos políticos a postular personas LGBTI+ a las diputaciones locales y ayuntamientos en este proceso electoral.
La única que ha asumido tanto la responsabilidad de incluir a la diversidad sexual como un eje de campaña, como el compromiso de construir con la población LGBTI+ una agenda programática para su gobierno, es la compañera Claudia Sheinbaum. En el discurso pronunciado el pasado 18 de febrero durante su registro como candidata en el INE, Sheinbaum delineó quince puntos generales de su próximo gobierno, en el que incluyó “el respeto a las libertades de la diversidad política, cultural y sexual”. ¿Por qué esto no es solamente una pieza vacía de discurso? Una semana antes, militantes LGBTI+ de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional lanzaron la iniciativa Nación de Orgullo: una serie de diálogos en los 32 estados, cinco encuentros regionales y un gran encuentro nacional en el mes de mayo para construir un proyecto con propuestas a favor de la diversidad sexogenérica. Esta iniciativa forma parte de los Diálogos por la Transformación, mecanismo de construcción de la agenda de trabajo que habrá de guiar el próximo gobierno, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Por convicción personal, por representar al movimiento que lucha por los derechos de las disidencias sexuales, y por estar arropada por miles de militantes y simpatizantes LGBTI+, este 2024 Claudia Sheinbaum es la candidata de la diversidad sexual.
