En octubre de 2016 tuve la oportunidad de visitar la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; tristemente célebre por la desaparición de 43 normalistas. Ahí, asistí a la presentación del libro La guerra que nos ocultan de Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado (pueden consultar mi crónica aquí).
Lo sucedido en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, me caló hasta el tuétano. Participé en innumerables marchas, manifestaciones de apoyo y más. También, tuve la oportunidad de conocer y apoyar de manera personalísima a Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los estudiantes identificados de entre los restos por la Universidad de Innsbruck.
Desde la llegada de López Obrador a la presidencia, estoy atento a las reuniones que se tiene con los padres de los estudiantes y de los resultados que a cuentagotas les entregan. También de los reclamos que con frecuencia se hacen por la lentitud o las trabas de las investigaciones.
Entiendo la desesperación de los afectados, y lamento enormemente lo que viven. La crisis humanitaria en el país es enorme, y la deuda con la sociedad crece día con día. No se le puede escatimar nada a personas como la madre buscadora Ceci Flores, que, en su desesperación, mostró su apoyo a personajes como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien sin ningún escrúpulo se ofreció a resolver la crisis que se vive.
Puede decirse que López Obrador queda en deuda en materia de derechos humanos; pero, ojo, una cosa es no resolver un problema que uno mismo generó y otra muy distinta es no poder resolver un problema heredado.
La crisis de derechos humanos se arrastra al menos desde la matanza de 1968.
En este sexenio, ha habido algunos eventos en los que personal de la Guardia Nacional se ha visto involucrada y que podrían considerarse en contradicción con los derechos humanos. Hasta donde he podido observar, este gobierno no ha encubierto a los agentes que han incurrido en dichas conductas. Por el contrario, se han sancionado a elementos por tratos crueles, degradantes e incluso tortura, y se encuentran en proceso penal, elementos involucrados en muerte de civiles, como lo sucedido en Nuevo León, donde elementos de la Guardia Nacional estuvieron involucrados en la muerte de cuatro mujeres y dos niños.
¿Cuál será la agenda de derechos humanos de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum? ¿Quién quedará al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo se agilizará la atención para las víctimas y sus familiares?
Más aún, ¿las carpetas de investigación seguirán yendo a parar al escritorio del fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿Se dará el tiempo el fiscal de hacer su trabajo en vez de seguir peleando con su familia? ¿No es momento de remover a un fiscal que genera más problemas que los que resuelve?
Esperemos que la nueva Presidenta logre avances serios y significativos en la materia. Al tiempo.
