El pasado 4 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La creación de la Comisión marca el rompimiento con la política hecha a espaldas del Pueblo. No serán las élites ni las camarillas quienes definan las reglas de nuestra democracia, sino el Pueblo mismo, convocado a decidir cómo quiere ser representado.
Durante el periodo neoliberal, las reformas electorales en México se negociaron en oficinas alfombradas, entre partidos y grupos de poder que rara vez escuchaban a la ciudadanía. Basta recordar la reforma electoral de 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. La reforma impulsada por Felipe Calderón en 2007. La reforma de 2014, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que fue aprobada como parte del Pacto por México, un acuerdo entre partidos políticos. Todas estas reformas tienen un común denominador: no se consultó a las bases ciudadanas, el Pueblo se enteró por noticieros, no por convocatorias públicas que les invitaran a participar.
Frente a este historial, la Comisión Presidencial representa un parteaguas: el Ejecutivo abre un canal directo de participación popular para decidir sobre temas en materia electoral que se definirán dentro de la Comisión, ya que aún no existe una reforma escrita, se empezará a construir. Sin embargo, uno de los temas que ha generado mayor debate público desde el anuncio de la creación de la Comisión es la revisión de la figura de las diputaciones y senadurías plurinominales. Se trata de cargos legislativos que ocupan personas que no fueron elegidas directamente por la ciudadanía en las urnas, sino que acceden a un escaño a través de listas previamente registradas por los partidos políticos. Este es uno de los principales temas que se espera, sean revisados en la Comisión.
La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta comisión será encabezada por Pablo Gómez, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, Arturo Zaldívar, Lázaro Cárdenas Batel, Ernestina Godoy Ramos, José Peña Merino y Jesús Ramírez Cuevas. Además podrán sumarse, sin derecho a voto, representantes de instituciones públicas, academia, sociedad civil y otras dependencias. El mandato no es redactar en soledad un documento técnico, sino recorrer el país, escuchar a la ciudadanía y recoger propuestas.
Se utilizarán encuestas, foros y consultas para garantizar que la voz popular sea el eje del cambio. La meta es que la reforma electoral no sea producto de acuerdos de cúpula, sino del debate colectivo y abierto.
La Constitución establece que la soberanía reside en el Pueblo. Sin embargo, en la práctica, ese principio fue ignorado por décadas. La democracia se reducía a un ritual electoral: votar cada tres o seis años y luego esperar a que otros decidieran el rumbo del país.
Esta Comisión cambia el paradigma. Reconoce que la legitimidad de una reforma no nace de la negociación partidista, sino de la voluntad popular expresada sin intermediarios. No es un gesto simbólico, es un acto de soberanía en su forma más pura.
El Decreto mandata que la Comisión funcionará hasta septiembre de 2030, lo que avizora que se tendrá un plazo que permitirá un diálogo sostenido, con tiempo para discutir, corregir y perfeccionar propuestas. No se trata de improvisar, sino de construir colectivamente una arquitectura electoral que responda a las necesidades de las mayorías.
Las y los mexicanos, personas campesinas, obreras, maestras, estudiantes, comerciantes, trabajadoras, de comunidades indígenas, barrios y colonias, desde el hogar, las escuelas, instituciones, con nuestras amigas, nuestros amigos, tenemos que ser parte del debate público. La democracia no se hereda: se construye. Participemos en los foros, en las consultas, en las conversaciones comunitarias. Que la voluntad popular no solo se escuche, sino que quede plasmada en la propuesta de reforma que llegue al Poder Legislativo.
Que se escuche en cada rincón del país: el Pueblo no solo vota, el Pueblo decide. Porque cuando el soberano habla, la historia se escribe de nuevo.
