En marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de la industria petrolera, una decisión que cambiaría para siempre la historia económica y política de México. En su momento fue una jugada arriesgada, temeraria, que hoy es reconocida como un acto de soberanía nacional. En 2024 vivimos otro momento de quiebre con el voto masivo a favor del Plan C propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba reformar a fondo el Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Ambos mandatarios contaban con niveles de aprobación inusualmente altos, lo cual garantizó que estos procesos de transformación fueran pacíficos. Si la historia sirve de guía, las acciones de Estado definen el rumbo de un país. La expropiación petrolera marcó la segunda mitad del siglo XX mexicano; la reforma judicial definirá al México del siglo XXI.
Aunque separadas por casi un siglo, las dos iniciativas comparten elementos fundamentales, ya que ambas desafiaron intereses poderosos y fueron encabezadas por líderes con enorme respaldo popular. También las narrativas dominantes buscaron desacreditarlas como peligrosas o irresponsables. En 1938 se afectaron los intereses de las compañías petroleras extranjeras, respaldadas por sus embajadas y gobiernos que amenazaron con represalias. Hoy, los principales opositores a la reforma judicial son sectores del poder económico, jurídico y mediático, que ven en la elección directa de jueces un atentado contra “su equilibrio de poderes”.
Sus voceros critican la politización del Poder Judicial, sin embargo, la mayoría de los mexicanos no les percibe como un poder independiente e imparcial, sino como una élite cerrada, altamente remunerada, que durante décadas ha beneficiado a los poderosos y ha sido omisa e incluso cómplice ante los abusos contra los sectores más vulnerables. La reforma no nace de un capricho presidencial, viene precedida por múltiples fallos judiciales que han dejado en libertad a generadores de violencia y delincuentes de cuello blanco; congelado reformas aprobadas por el Legislativo, o protegido estructuras de corrupción y nepotismo al interior del propio Poder Judicial. La pérdida de legitimidad era real pero el desesperado, inútil y cínico paro judicial con goce de sueldo, la hizo más evidente.[1]
Por supuesto, la elección por voto popular no garantiza por sí sola una justicia imparcial, efectiva o más honesta. Pero en un sistema judicial donde los contrapesos nunca han funcionado, abrir la selección de jueces a la ciudadanía representa un cambio radical frente al actual modelo, en el que los ministros llegan a la Suprema Corte por arreglos políticos entre élites con un Consejo de la Judicatura sometido a la Presidencia de la Corte. En 1938, la ciudadanía salió a las calles, donó joyas y ahorros para respaldar la nacionalización. Hoy, las encuestas muestran que una mayoría significativa respalda la reforma judicial, aunque muchos detalles no están claros. Nuevamente el pueblo mexicano impulsa una transformación profunda para desmontar estructuras históricas de privilegio.
No es casualidad que los dos presidentes que facilitaron estas grandes rupturas pacíficas —Cárdenas y López Obrador— compartieran niveles altísimos de aprobación y una narrativa centrada en la justicia social. Los dos fueron acusados de populistas, autoritarios, y de poner en riesgo la estabilidad, porque el debate de fondo era definir quién manda realmente en México: las mayorías o los intereses económicos. Es cierto que la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto directo implica un reto logístico y cívico inédito: seis boletas, decenas de candidatos por evaluar y una ciudadanía que deberá dedicar tiempo y atención a una tarea más compleja que marcar una sola opción. También hay quienes argumentan que el pueblo no está preparado para este tipo de responsabilidad. Pero ¿desde cuándo se mide la madurez cívica por la facilidad de las elecciones y no por el compromiso con su trascendencia?, ¿desde cuándo ejercer la democracia debe ser cómodo?[2]
Mientras en México algunos todavía dudan si el voto ciudadano debe extenderse hasta el Poder Judicial, en Ucrania, miles de familias sufren los estragos de una guerra prolongada. Sus jóvenes entre 18 y 24 años son reclutados, con incentivos financieros, para defender su soberanía en el frente de guerra.[3] Comparado con eso, pedirle a la ciudadanía mexicana que dedique unas horas a informarse sobre quienes podrían impartir justicia durante años no es un sacrificio excesivo. Más bien, es un recordatorio que los mexicanos estamos construyendo una sociedad decidida a cambiarlo todo y de manera pacífica. ¡Qué afortunados somos de poder transformar nuestras instituciones, no con la sangre de nuestros jóvenes, sino con votos!
[1] 35 de 100 mexicanos confían en los jueces: Latinobarómetro
[2] Recomiendo esta mesa de debate para informarse de la relevancia de la Reforma Judicial, experiencias similares en otros países y algunas recomendaciones y herramientas para prepararse a votar el 1ro de junio: #LaMesaRoja | Elecciones poder judicial: ¿ya tienen sus listas?
[3] Jóvenes reclutas asisten a la ceremonia de juramento del ejército ucraniano
