En su libro “Hacia una economía moral”, Andrés Manuel López Obrador plantea que las reformas y leyes que se han aprobado en la actual legislatura de mayoría obradorista, en los hechos, significa una nueva Constitución acorde con las demandas y la voluntad del pueblo.
Mientras que en el pasado se promovían leyes y reformas antipopulares, el Congreso de la Unión con la nueva mayoría obradorista, ha establecido un nuevo marco jurídico para la transformación de México. No se trata de meros cambios legislativos, sino del diseño de instituciones de carácter popular. Veamos.
La primera reforma constitucional que aprobó la legislatura actual fue la de extinción de dominio. A pesar de que esta figura se encontraba en la Constitución desde tiempos de Calderón, era letra muerta. Además de que no procedía la extinción de dominio en casos de corrupción y robo de hidrocarburos. Estos delitos fueron incluidos y se estableció el fundamento constitucional para una gran institución: el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Gracias a esta reforma, se han rematado los bienes de la delincuencia y se han entregado los recursos de manera directa a comunidades y pueblos olvidados.
En la misma línea de combate a la corrupción e impunidad, esta legislatura convirtió en delitos graves o de prisión preventiva oficiosa la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos, que por increíble que parezca no tenían ese estatus constitucional.
Como un elemento para atender el grave problema de inseguridad, el Congreso de la Unión estableció la creación de la Guardia Nacional. Un cuerpo policiaco de carácter nacional que utilizó como pie veterano a los elementos de las policías Federal, Militar y Naval. Esto significó que la Federación pasó de tener una Policía con poco más de 30 mil elementos a una Guardia Nacional con disciplina y adiestramiento policiaco que hasta diciembre de 2019 ya contaba con 76 mil elementos desplegados en 150 regiones del país. La meta es que para 2021 llegue a 150 mil elementos en 266 regiones.
En cumplimiento al compromiso que asumió el obradorismo con el magisterio nacional. Se canceló la anterior reforma educativa y en su lugar se estableció el marco constitucional para la nueva escuela mexicana. Con esta reforma se reconocen, respetan y reivindican los derechos de las y los maestros y se pone en el centro de la ecuación a las niñas y niños. Esta reforma se basó en la concepción de que la educación solo puede mejorar si mejora el entorno integral de las escuelas, contrario a la visión anterior que se enfocaba en la evaluación magisterial.
Para poner todo el poder en las manos del pueblo, se estableció la reforma para la revocación del mandato y la consulta popular. Esta reforma permite que el pueblo decida sobre la continuidad del Presidente de la República y los gobernadores. Para el caso de Andrés Manuel López Obrador, la consulta revocatoria será en 2022. Por otro lado, se flexibilizaron los supuestos para realizar consultas populares.
Otra reforma que está en su proceso de aprobación en las legislaturas locales es la de prohibición de condonación de impuestos. Esta modificación constitucional impedirá que se continúe con la práctica de anteriores gobiernos de dar perdón fiscal a sus allegados en detrimento del pueblo de México.
Además, se aprobaron reformas constitucionales en materia de paridad de género y están pendientes temas como la eliminación del fuero del Presidente, la reducción al financiamiento público de los partidos políticos y llevar a la Constitución el derecho a la pensión de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a médicos y medicinas gratis para las personas sin seguridad social.
Es claro que esta legislatura ha cumplido con la plataforma que llevó al obradorismo a obtener mayorías legislativas y en el camino ha reivindicado el carácter popular de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque hoy se vean reflejadas en su texto las demandas y necesidades reales del pueblo de México.
Euripides Flores. Es colaborador del Grupo Parlamentario de MORENA en la Diputación Federal. Abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Obradorista convencido.
@euripidesf
