Por: Imelda Castro Castro
Más de 4 600 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a servicios de salud esenciales, y más de 2 100 millones enfrentan dificultades financieras para acceder a la atención médica según el más reciente monitoreo de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial sobre cobertura universal de salud. En palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS: “La cobertura sanitaria universal debe verse como un derecho fundamental, no como un privilegio”, una declaración que resume tanto el desafío global como la urgencia de convertir el acceso a la salud en una realidad efectiva para todas las personas.
En este contexto, los avances de México en su camino para alcanzar la salud universal merecen un repaso.
Recientemente se mostraron las cifras con respecto al programa Salud Casa por Casa, por ejemplo, el cual representa una ruptura con el modelo tradicional centrado exclusivamente en la atención hospitalaria. A través de brigadas médicas que acuden directamente a los hogares, el Estado ha llevado servicios de consulta, seguimiento y detección oportuna a millones de personas, particularmente adultas mayores y población en situación de vulnerabilidad. Hasta enero de 2026, este programa había acumulado más de 10 millones de consultas, una cifra que no solo refleja cobertura, sino que la salud es un derecho que se ejerce de forma cercana, continua y preventiva.
Este enfoque se articula con el proyecto de la construcción del Servicio Universal de Salud. A diferencia de intentos previos, este modelo no se limita a ampliar padrones o crear nuevas instituciones, sino que busca integrar funcionalmente al sistema público de salud. Su principio rector es que nadie debe quedar sin atención médica por no pertenecer a una institución de seguridad social. En ese sentido, la implementación de la credencialización universal es un avance estratégico. Esta herramienta permitirá identificar a cada persona dentro del sistema nacional de salud y facilitar su acceso a servicios médicos en cualquier unidad pública, independientemente de su afiliación previa. En pocas palabras, esto permitirá que cuando alguien acuda a un hospital se identifique su estatus de manera rápida y el trámite para que su ingreso se agilice.
La apuesta es de gran escala y, por su alcance, se perfila como uno de los proyectos de cobertura sanitaria más ambiciosos a nivel mundial. De concretarse plenamente, el Servicio Universal de Salud podría corregir una de las fallas históricas del sistema mexicano que ha sido la fragmentación institucional que duplicaba esfuerzos y dejaba vacíos de atención.
Otro avance significativo ha sido la recuperación de hospitales que operaban bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP). Durante años, este modelo implicó altos costos financieros para el Estado, contratos poco transparentes y una pérdida de control sobre infraestructura estratégica. La reincorporación de estos hospitales a la gestión pública no solo fortalece la rectoría del Estado en materia de salud, sino que permite reorientar recursos hacia la atención médica directa, el abasto de insumos y la contratación de personal. Más allá del debate ideológico, esta decisión responde a una lógica de soberanía sanitaria y eficiencia del gasto público.
En el plano legislativo hemos apoyado este nuevo modelo. Así, destacan reformas recientes enfocadas en la prevención, con la de la prohibición de vapeadores o los impuestos a las bebidas azucaradas. Asimismo, desde el sexenio pasado se han impulsado reformas para mejorar la atención primaria, la ampliación del acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos, así como el fortalecimiento de IMSS-Bienestar como pilar del sistema para población sin seguridad social. También se han promovido ajustes legales y administrativos para mejorar la coordinación entre federación y estados, avanzar en la federalización de servicios y reducir las desigualdades regionales en infraestructura y personal médico.
Estos avances no están exentos de desafíos. Persisten brechas en cobertura especializada, rezagos en algunas regiones y presiones financieras que exigen planeación de largo plazo. No obstante, a diferencia de etapas anteriores, hoy existe una ruta de política pública coherente, con objetivos claros y una visión de sistema.
La salud universal no se construye de la noche a la mañana, pero México ha dejado atrás la inercia. Programas territoriales, integración institucional, recuperación de infraestructura y reformas estructurales muestran que el derecho a la salud está pasando del discurso a la arquitectura del Estado. La tarea ahora es consolidar lo avanzado, garantizar su sostenibilidad y evitar retrocesos. Porque la salud universal no debe estar sujeta a disputas ideológicas: es una necesidad de cara al futuro.
@imeldacastromx
Senadora de la República por Sinaloa desde el 2018. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diputada local en el Congreso de Sinaloa en dos ocasiones y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado en las legislaturas LXV y LXVI. Presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
