Por: Fernando Rosique
Después de un proceso al que los medios de comunicación no prestaron mucha atención, el pasado 1º de agosto se concretó la propuesta del Presidente López Obrador en someter a consulta ciudadana si se debiesen juzgar y castigar a los expresidentes de México por las decisiones que tomaron en el pasado y por los delitos que presuntamente cometieron, ocasionando una situación de oprobio nacional en los últimos 30 años.
En el trasfondo, el planteamiento de la consulta tiene sentido —siendo López Obrador la cabeza de un movimiento que busca transformar la vida pública del país— ya que los expresidentes tendrían que rendir cuentas sobre la situación en la cual se dejó a buena parte de la población del país: desigualdad, falta de desarrollo, falta de aplicación de justicia, carestía, por mencionar algunos problemas. A ellos, ¿quién les hace justicia?
No obstante, se ha dicho que un tema de suma trascendencia para comenzar a sanear un país lastimado por la injusticia, no tendría por qué haberse sometido a una consulta, lo cual es un cuestionamiento legítimo. Sin embargo, López Obrador se ha mostrado calculador al querer mantener al país inmerso en la gobernabilidad democrática; es decir, tomar decisiones basado en el respaldo de la mayoría de los mexicanos y no de las instituciones que cuentan con antecedentes de impunidad. Los vicios institucionalizados no se eliminan de un día para otro o por simple voluntarismo político.
La historia reciente de nuestro país ha demostrado que las burocracias son endebles a la corrupción, ¿qué mexicano confía en que los jueces y tribunales llevarán ante la justicia a quienes han causado, con sus decisiones, tal daño al desarrollo de la población en el pasado? Tal vez no se equivocó aquel expresidente en señalar que la corrupción no es circunstancial sino endémica; yo añadiría que esto involucra dos factores: la predisposición de una persona a ser corrupto y los vicios institucionalizados.
Lo anterior nos lleva a reflexionar con mayor detenimiento la necesidad de presionar el accionar de la ley y la consecución de la justicia, por los medios necesarios posibles. Si las instituciones no hacen nada o están impedidas legalmente para actuar, ¿por qué la ciudadanía no debería tener la oportunidad de opinar al respecto?
Sin embargo, la participación del 1º de agosto no logró el porcentaje necesario para que la Consulta Popular fuera vinculante (7% del 40% necesario de la lista nominal de electores), lo cual consistiría en que las autoridades involucradas den atención a la decisión resultante de la pregunta planteada. Esta situación resultó decepcionante para unos y afortunada para otros.
Cierto es que existe un anhelo popular por ver castigados a varios expresidentes por las decisiones tomas en el pasado, las cuales han causado una suerte de detrimento del desarrollo nacional; no nos es ajeno, lo comentamos con amigos, familia, en la escuela, etc., en esa tesitura esos seis millones de mexicanos que salieron a participar el primero de agosto no pueden estar equivocados.
Ello contrasta con las voces opositoras a la Consulta, la cual la tildaron de un ejercicio demagógico o de atole con el dedo. No perdamos de vista que los ahora partidos opositores serían los grandes afectados de haber prosperado el cuestionamiento, pues son corresponsables de muchas de las decisiones que afectaron el desarrollo del país
Radicalizar la democracia puede ser una salida cultural al desinterés sistémico en asuntos nacionales. La participación de la gente y su involucramiento en asuntos públicos se torna entonces en una acción moralizadora. La Consulta Popular es solo un mecanismo a través del cual se puede incentivar la participación política (legalmente constituida) pero desgraciadamente costosa. Realmente para nuestro país es un hecho histórico que a la ciudadanía le pregunten qué decisión se debe tomar en torno a asuntos de transcendencia nacional.
En consecuencia, podremos o no estar de acuerdo en la polémica decisión de someter a consulta “la aplicación de la ley” el pasado 01 de agosto, pero no podemos soslayar el hecho de que la autoridad misma instruya un ejercicio de esta naturaleza, ello es sumamente relevante para la democracia mexicana.
Muchas personas aún estamos a la expectativa de que las instituciones públicas en realidad se transformen y efectivamente se juzgue a los sujetos que han causado daño a nuestro país por una circunstancia u otra, ello también se vuelve un imperativo ético bajo la lógica de que somos un país que está cambiando y que nuestro gobierno presume ser diferente, esto sigue siendo una deuda vigente.
@ferrosique
Politólogo IBERO, militante de las causas perdidas desde los 16 años, socialista-democrático, de izquierda por formación y convicción. Temas de mi interés y estudio: sistemas de gobierno, partidos políticos, democracia, sociedad y cultura. CDMX. He sido asesor legislativo, servidor público y consultor en comunicación política.
