La Ciudad de México ha sido, a lo largo de su historia, una ciudad construida por migraciones. Aquí han echado raíces personas provenientes de todas las regiones del país y de muchas partes del mundo. Esta diversidad no es el problema. El problema aparece cuando esa diversidad se convierte en excusa para que grandes intereses económicos usen la ciudad como mercancía y desplacen a quienes la habitan.
Eso es la gentrificación. Un proceso donde el valor de una zona sube artificialmente porque se vuelve atractiva para ciertos sectores con alto poder adquisitivo, lo que provoca que quienes ya vivían ahí tengan que irse: ya no pueden pagar la renta, ni comprar en las tiendas, ni vivir su vida cotidiana como antes. Es una expulsión silenciosa, pero profundamente injusta, porque parte de una lógica que privilegia la ganancia sobre el derecho a habitar la ciudad. La gentrificación no es solo un tema de “extranjeros llegando”, es el resultado de una falta de regulación urbana, de un modelo de ciudad pensado para el lucro, no para la vida.
La protesta del pasado viernes dejó ver ese malestar. Un grito legítimo contra la injusticia que muchas personas jóvenes, trabajadoras y vecinas viven todos los días: la certeza de que esta ciudad, la suya, se está volviendo inalcanzable. Pero también vimos que algunas expresiones cruzaron una línea peligrosa, con discursos de odio que no deben tener lugar en una sociedad abierta, solidaria y transformadora.
Por eso me parece clave el posicionamiento que hizo la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa matutina del lunes 7 de julio. Ahí dijo con toda claridad que:
“Ni racismo, ni xenofobia, ni discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. México ha sido solidario históricamente. Las personas extranjeras deben respetar nuestras leyes, pero también debemos evitar los discursos de odio. La inclusión no es tolerancia: es justicia.”
Desde mi mirada, ese es el centro desde el cual debe construirse la conversación. No se trata de rechazar a quienes vienen, sino de defender el derecho de quienes están. Y hacerlo con una política pública clara, progresista y efectiva.
Hoy sabemos que hay corporativos que compran edificios enteros, que plataformas como Airbnb operan sin rendición de cuentas, que muchas personas extranjeras viven aquí sin regularizar su estancia ni cumplir con sus obligaciones fiscales, y que todo eso está encareciendo la vida en zonas enteras. Pero también sabemos que una ciudad no se construye con exclusión ni con odio. La Ciudad de México puede seguir siendo hospitalaria, pero necesita reglas claras, justicia urbana y derechos para todas las personas.
Lo más preocupante es que esa desregulación convive con una actitud social profundamente desigual frente a las personas migrantes. Mientras en zonas acomodadas de la ciudad se celebra la llegada de extranjeras y extranjeros del norte global, aun cuando muchas veces no regularizan su estancia ni respetan la normatividad local, en otras zonas se rechaza de manera activa la presencia de personas migrantes del sur global. Ahí está el caso reciente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde hubo manifestaciones vecinales en contra de la instalación de un albergue para personas en tránsito. Esa diferencia en la forma de recibir a unas y rechazar a otras revela un racismo cotidiano, normalizado, que tenemos que desarticular desde la política pública y desde la cultura cívica. Si de verdad queremos una ciudad incluyente, necesitamos políticas migratorias y urbanas que no distingan por color de piel, idioma o cuenta bancaria, sino por el compromiso con la comunidad y el derecho colectivo a habitar la ciudad.
Lo que exigimos es una política urbana que no tolere la especulación inmobiliaria, que regule con firmeza las plataformas digitales, que establezca impuestos justos para quienes rentan a corto y largo plazo, que controle la compraventa masiva de vivienda por parte de corporativos, y que garantice que quienes llegan se integren sin desplazar. Queremos una ciudad donde podamos vivir, no solo sobrevivir. Una ciudad que no se vende: se habita.
La Cuarta Transformación debe responder a este desafío con altura, con política, con sensibilidad social y con visión de largo plazo. Marchamos contra la gentrificación, sí. Pero el verdadero enemigo no es quien viene, sino el sistema que permite que vivir en nuestra propia ciudad se vuelva un privilegio.
