El 22 de enero de 2026, el ISSSTE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmaron un Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos, impulsado por el Director General del Instituto, Martí Batres, y suscrito con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. El mensaje es directo: ministras, ministros y personal del máximo tribunal tendrán acceso a los servicios del ISSSTE como cualquier trabajadora o trabajador del Estado. No es un “privilegio nuevo”; es la aplicación pareja de un derecho laboral y social en condiciones de igualdad.
Conviene ponerlo en blanco y negro. Durante años, el Poder Judicial operó con esquemas paralelos que alimentaron la idea de una burocracia de primera y otra de segunda, seguros privados de gastos médicos mayores y coberturas que, en la práctica, separaban a la Corte de la vida real del servicio público. Hoy ese ciclo se cierra, la Corte reconoció que ya no cuenta con ese seguro, y el camino coherente es fortalecer lo público, no maquillar la excepción.
¿En qué consiste el convenio? En ordenar la referencia y contrarreferencia. La SCJN, a través de sus servicios médicos, canalizará a su personal con vigencia de derechos al ISSSTE para atención de segundo nivel, consultas con especialistas, estudios y procedimientos. Y cuando el diagnóstico lo requiera, la ruta clínica se articula con la alta especialidad, es decir, tercer nivel, conforme a los mismos protocolos que rigen para toda la derechohabiencia. Para agilizar, se prevé cruce de datos, validación de la referencia médica y contrarreferencia con diagnóstico, tratamiento y recomendaciones de seguimiento.
Además, el acuerdo aterriza en lo práctico, el personal deberá darse de alta en la Clínica de Medicina Familiar que le corresponda, para facilitar la comprobación de derechos, el surtimiento de medicamentos y, cuando proceda, la expedición de licencias por enfermedad general, maternidad o riesgos de trabajo. Se trata de orden administrativo, no de “pase directo” discrecional. Incluso se han considerado módulos informativos y jornadas de orientación para que el trámite no sea un laberinto.
Esto importa porque desmonta una narrativa tóxica, que el Estado “no sirve” y que, por tanto, los altos cargos deben comprar soluciones privadas. Al contrario, cuando quienes toman decisiones confían su salud a las instituciones públicas, se vuelven corresponsables de su mejora. Se abre, entonces, un debate necesario sobre inversión, abasto, digitalización de expedientes, tiempos de atención y, sobre todo, trato digno. El sistema público se fortalece cuando se usa, se evalúa y se mejora para todas y todos.
Lo más valioso es la dimensión igualadora. Martí lo planteó como un acto congruente con la abolición de privilegios y con la austeridad republicana, en el Estado mexicano, todas y todos los servidores públicos son iguales y deben tener los mismos derechos. Eso no es retórica; es una línea política que corta el gasto superfluo y reorienta recursos hacia lo que sí importa, servicios, personal médico, equipo, medicamentos y prevención.
También es un hecho político que dialoga con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, el derecho a la salud como responsabilidad del Estado, no como mercancía. Cuando se termina con la lógica de privilegios arriba, se envía una señal a todo el aparato público, la justicia comienza en casa, y la “honrada medianía” se practica, no se presume.
Habrá quien intente vender la idea de una “atención VIP”. Esa acusación se cae sola si entendemos el fondo, el convenio no inventa un trato especial, formaliza mecanismos existentes para que las atenciones se den en orden, con referencia médica, con trazabilidad y con seguimiento. En otras palabras, más reglas, más transparencia, menos discrecionalidad. Exactamente lo contrario de un privilegio.
Este convenio es emblemático porque marca un antes y un después, una Corte que se reconoce parte del servicio público y un ISSSTE que asume, con seriedad, su papel como columna de la seguridad social. Si queremos un país más justo, no basta con discursos; hay que cerrar las rendijas del privilegio. Y esta es una de esas decisiones que, sin estridencia, empuja la transformación donde más se necesitaba: en la cúpula del poder.
Que una o un ministra o ministro pida cita en la clínica como cualquier derechohabiente no es anécdota, es un cambio cultural. Obliga a la Corte a mirar de frente las filas, los tiempos, y la importancia de fortalecer hospitales regionales y de alta especialidad. Eso también es justicia pública
