Durante décadas, entre las corrientes más conservadoras del estudio de la Economía, se sostenía que el crecimiento lo resolvería todo. Que se debían abrir mercados, contener salarios y generar confianza empresarial para que el bienestar y desarrollo social llegaran solos. Ese dogma, repetido hasta el cansancio por los neoliberales, no solo fue falsa, también dejó a millones de personas atrapadas en una crisis que normalizó sueldos que no alcanzaban para lo mínimo en México, precariedad y pérdida sistemática de derechos. En estos días, cuando el debate público vuelve a girar en torno a las cifras de crecimiento, vale la pena preguntarnos si realmente queremos regresar a esa lógica.
México atraviesa un momento complejo en el escenario internacional. El avance de proyectos de derecha en distintos países de América Latina confirma que el modelo neoliberal no ha desaparecido, sino que se recicla, se maquilla y vuelve a presentarse como solución, aun cuando su historial de desigualdad es incuestionable. En el plano interno, esta disputa se expresa con claridad: mientras algunos siguen midiendo el éxito económico únicamente a partir del crecimiento del PIB, otros plantean que debe reflejarse en el salario, la seguridad social y la reducción de la pobreza.
El crecimiento económico es un indicador importante, pero insuficiente. Convertirlo en eje exclusivo de la política económica fue una de las principales fallas del neoliberalismo en México. Como han señalado algunos economistas, el problema no fue la falta de crecimiento en abstracto, sino la forma en que se distribuyó (o más bien, se concentró) la riqueza. Durante años, el país creció para las élites mientras el salario real se estancaba y el trabajo se volvía insuficiente.
Frente a eso, el incremento sostenido al salario mínimo representa una de las decisiones actuales con mayor relevancia de política económica en décadas. No se trató de un gesto simbólico de la presidenta actual, la Dra. Claudia Sheinbaum, sino de una respuesta directa a la crisis laboral y salarial acumulada por años de contención del ingreso. Aumentar el salario mínimo significó reconocer que el trabajo había dejado de ser un mecanismo efectivo de movilidad social, pero también asumir que sin ingreso digno no hay crecimiento económico sostenible.
Los resultados son incuestionables, más de 13 millones de personas han salido de la pobreza en México, un dato que rompe con la narrativa neoliberal de que el bienestar es una consecuencia automática del crecimiento económico. Este avance está directamente relacionado con políticas que fortalecieron el ingreso, ampliaron la cobertura de seguridad social y revalorizaron el papel del Estado como garante de derechos económicos.
En esta misma discusión sobre ingreso, crecimiento y bienestar aparece una propuesta que durante años fue marginada por el pensamiento económico dominante: los apoyos sociales a personas adultas mayores, a las infancias, madres jefas de familia, seguros de desempleo, que no debe leerse como gasto improductivo, sino como una herramienta de estímulo estructural al crecimiento. Al asegurar un piso mínimo de ingresos, se fortalece el consumo, se reduce la incertidumbre y se sostiene la demanda agregada, especialmente en contextos donde el empleo formal no alcanza para absorber a toda la fuerza laboral.
Otro elemento central para entender el crecimiento económico fuera de la lógica neoliberal es la contención de la inflación, particularmente en bienes básicos. A diferencia de las recetas ortodoxas que apuestan exclusivamente por el aumento de tasas de interés con efectos regresivos sobre el empleo y el consumo, en México se optó por una estrategia distinta: el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Este mecanismo reconoce que la inflación es un fenómeno también distributivo. Al contener los precios de productos esenciales mediante acuerdos con productores, controles indirectos y fortalecimiento de cadenas de abasto, el Estado intervino para proteger el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo básico. La estabilidad de precios, en este contexto, no funciona como un fin técnico, sino como una condición necesaria para que los incrementos salariales se traduzcan en crecimiento real.
Hoy, el crecimiento económico implica redefinir prioridades. No se trata de negar los indicadores macroeconómicos, sino de subordinarlos a un objetivo mayor: el bienestar social. La experiencia reciente demuestra que, cuando el Estado asume un papel activo, el crecimiento adquiere un sentido distinto. Uno que no se mide solo en puntos porcentuales, sino en vidas menos precarias y derechos más sólidos.
